Foto: En el proyecto del Club Básico 12 millas los barcos aparecen amarrados con las velas desplegadas

¿Es posible que un asesor privado de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) emita un dictamen contra una entidad y posteriormente quiera quedarse con ella? Sí, lo es, y de hecho es lo que está ocurriendo con el Club Náutico de Ibiza, cuyas instalaciones pretende adjudicarse una sociedad llamada Club Básico 12 Millas, constituida el pasado mes de junio y de la que es socio, entre otros, el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, autor hace menos de seis años de un informe pagado por la APB en el que se concluye que el club no puede renovar su concesión sin ir a concurso. Y no un socio cualquiera, sino el que ha puesto dinero de su bolsillo (247.000 euros) para avalar la presentación de un proyecto que promete invertir 11 millones de euros en la dársena actualmente ocupada por el histórico club pitiuso, fundado en 1925.

El Club 12 Millas cuenta con el soporte técnico de una empresa constructora gallega llamada Copasa, experta en obras públicas de gran envergadura, pero, como es lógico, dada su reciente creación, carece de historia, de masa social y de logros deportivos. En la información que 12 Millas ha facilitado a los medios no se hace referencia alguna ni a Cisneros ni a Copasa (el avalista y el constructor) y en ella se ‘vende’ que es un club deportivo «sin ánimo de lucro», requisito esencial exigido en las bases de la concurrencia de proyectos convocada por la APB.

El encargo del informe de Cisneros contra el Club Náutico de Ibiza fue autorizado el 2 de noviembre de 2009 por el entonces director de la APB, Angel Matías, actualmente imputado en dos causas penales por supuesto amaño de concursos y en una tercera en la que se investiga un asunto de prevaricación. La adjudicación se hizo a favor de la empresa Asesores Urbanistas y Territoriales Jiménez de Cisneros, S.L., por un valor de 17.400 euros y la solicitud consistió en una «asistencia técnica sobre los efectos jurídicos de la extinción de la concesión otorgada al Club Náutico de Ibiza».

El catedrático consultado por la APB considera que la explotación de amarres en las instalaciones náuticas recreativas es una actividad «suntuaria» que no puede ser considerada estratégica ni relevante para un puerto. El dictamen consta de 57 folios y 15.889 palabras (incluidos el título y la firma), es decir, más de un euro por palabra, tarifa similar al dólar y diez centavos que la revista Life pagó a Ernest Hemingway por el manuscrito de El viejo y el mar.

La Autoridad Portuaria de Baleares recurrió a los servicios de la empresa de Jiménez de Cisneros en al menos nueve ocasiones entre 2008 y 2013, trabajos por los que pagó 139.464 euros. En tres de los casos la tarifa fue idéntica al informe sobre el Club Náutico de Ibiza y en otras dos ascendió a la cifra coincidente de 13.920 euros. Entre el conjunto de los dictámenes se encuentra uno referente al Club Marítimo de Mahón, fechado en septiembre de 2008.

En él Cisneros rechaza la posibilidad de declarar desierto el concurso de los amarres gestionados por la entidad menorquina y se decanta por adjudicar el puerto a la oferta mejor valorada, Trapsa Yates, propiedad del recientemente condenado Gerardo Díaz Ferrán, que prometió cosas muy parecidas a las del Club 12 Millas en Ibiza: mejorar el puerto, organizar actividades deportivas y crear una escuela de vela. Trapsa, que se encuentra intervenida judicialmente desde la quiebra de Marsans, jamás ha hecho nada relacionado con el deporte y su implantación social en Mahón ha sido nula.

Tanto el Club Náutico de Ibiza como la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares (ACNB) han apelado al precedente del Club Marítimo para que «la historia no se repita». Según el gerente de los clubes, Rafael Palmer, existe posiblemente «fraude de ley» en la pretensión del 12 Millas de hacerse pasar por «lo que no es». «Un club náutico es otra cosa; arrastra a una masa social, tiene una historia detrás y una experiencia en la promoción deportiva. Eso no es algo que se pueda hacer en dos días constituyendo una asociación ante un notario, no es serio», señala Palmer.

En relación a la intervención de Jiménez Cisneros como asesor en el expediente de la APB sobre el Náutico de Ibiza, fuentes jurídicas señalan que, sin ser ilegal, se trata de «algo sorprendente y extraño». «Lo lógico en un caso de estas características es ejercer como catedrático o como empresario, una de dos», afirman.

El ‘ataque’ del narval

La desconfianza de los clubes va más allá de la cuestión ética que afectaría a Jiménez Cisneros por su doble condición de asesor de la APB y empresario con intereses en los puertos sobre los que ha emitido dictámenes. Existen claros indicios de que la operación del Club 12 Millas es sólo el principio del «desembarco» de un grupo empresarial canario en los puertos de Baleares, al cual también está vinculado el catedrático de cabecera de la APB. Se trata de Gestiones y Explotaciones Narval., S.L., una empresa radicada en Gran Canaria que de momento ha presentado alegaciones contra el proyecto de ampliación del Club de Mar Mallorca y la concesión de un pantalán en el Muelle de San Pedro al Real Club Náutico de Palma.

Narval, de la que es administrador Alberto Santana Trujillo, no oculta su intención de presentarse a todos los concursos portuarios que se convoquen en Baleares y ya ha dejado caer en Mallorca, a través de un emisario, que dispone de más de 500 millones para invertir en concesiones de dominio público. Ninguno de los históricos clubes náuticos de las Islas puede hacer frente a semejante despliegue financiero.

Alberto Santana es hijo de Santiago Santana Cazorla, patriarca del grupo de empresas Santana Carzola, un personaje muy conocido en las Islas Canarias y cuya fortuna figura entre las cien mayores de España (en el puesto 99, según una información aparecida en El Mundo). A principios de febrero de 2007 fue detenido en el curso del denominado caso Góndola bajo los cargos de tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio. En el sumario constan también como imputados el alcalde y varios concejales del municipio de Mogán. La investigación se encuentra estancada desde hace años. El retraso es tan enorme que miembros del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desplazaron en mayo de 2014 hasta el juzgado de San Bartolomé de Tirajana que instruye el caso para ver qué estaba pasando.

La relación entre la empresa Gestiones y Explotaciones Narval, S.L., y Jiménez de Cisneros, de la que se empezó a sospechar desde el momento en que llegaron las primeras alegaciones contra las propuestas de renovación de concesiones en los puertos de Baleares, no es directa, pero si está muy clara. El asesor de la APB es administrador mancocumado de una empresa denominada Marinas y Playas de Gran Canaria, S.L., de la que Alberto Santana Trujillo es administrador principal. El objeto de dicha sociedad es la gestión y explotación de puertos deportivos. Su domicilio está situado en el número 36 de la calle Almagro, en Madrid, en el mismo edificio que el despacho Jiménez de Cisneros Abogados. En resumen: Cisneros es socio del empresario que aspira a quedarse con los puertos de Baleares. Y, curiosamente, del Club 12 Millas que dice no tener ánimo de lucro, pero sí 11 millones de euros listos para invertir. ¿Blanco y en botella?