El historial de roturas, dicho sea de paso, sumaba por entonces un total de 19 en 10 años y de ellas solamente una, que tuvo lugar en 2012, fue originada por un barco. La única que le bastó al conseller para extender la culpabilidad de todas a los navegantes, para así desviar la atención sobre la propia negligencia del Govern en el asunto. Cosa que casi consiguió con el apoyo, como no, de varias asociaciones ecologistas, que como bien sabemos no pueden ver una embarcación ni en pintura.
Segundo episodio. Las roturas – por la boca muere el pez – le llevó a declarar pasado un mes «la necesidad de sustituir el emisario», dado, según sus palabras «la obsolescencia de la tubería de fibrocemento» y para impedir, afirmó, «que los periódicos vertidos destruyeran el fondo de posidonia de Talamanca». Algo es algo. Aunque no reconoció que el Govern estaba cometiendo tres posibles delitos: que el emisario vertía al mar aguas residuales sin depurar, que el emisario descansaba en su trayecto por la cala literalmente encima de la posidonia y que la pradera que estaba siendo destruida está catalogada como Bien Patrimonial de la Unesco. Ocultación que no es rara si además ahora ya sabemos que el conseller también callaba que Baleares tenía otros 123 emisarios más que hacían exactamente lo mismo y que, de ellos, otros 46 estaban ubicados sobre praderas de posidonia supuestamente protegidas por el Govern.
Tercer episodio. Pues bien, hace unos días nuestro inefable conseller anunció muy contento que a principios de este mes comenzará la instalación de un nuevo emisario submarino de polietileno que costará casi 6 millones de euros (el doble de lo calculado en inicio) y que partirá desde la Illa Grossa (junto al faro de Botafoc) hacia mar abierto.
Lo que no quiso revelar el conseller es si retirará o no el antiguo emisario ni quiso recordar que se había comprometido a que el emisario lo pagaría íntegramente el Govern, y ahora obliga a que el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza paguen cada uno un tercio del nuevo emisario. Lo cual, digámoslo, es una tomadura de pelo. Como también lo es que no haya advertido a nadie del coste sobrevenido que puede tener el acometer su instalación por emergencia saltándose todos los permisos administrativos para realizarla, como por ejemplo, la evaluación del impacto medioambiental, en general, y muy en particular, la de perforar la Illa Grossa protegida triplemente: arqueológica, ornitológica y territorialmente. Y muy importante, que hasta la entrega de la nueva depuradora, prevista para 2021, este nuevo emisario seguirá vertiendo aguas residuales no depuradas a pocos metros de la bocana de Cala Talamanca.
Próximo culebrón. El contrato a dedo de 11.253 euros de fondos públicos de este mismo conseller al coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, para que investigue sobre los datos oficiales de las prospecciones petrolíferas y sobre los ruidos submarinos en aguas de Baleares cuando estos datos ya están a disposición gratuita del público en las webs oficiales del Ministerio de Industria, Ecología y Turismo y del Ministerio de Medio Ambiente. ¡Vaya contrato! No hay nada como tener buenos amigos. Al menos un conseller. ¿No les parece?
