Tres funcionarios de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) han decidido reclamar ante los tribunales lo que consideran su derecho a disfrutar de un puesto de amarre gratis como parte de su remuneración. Los trabajadores, entre los que se encuentra la jefa de contratación, alegan que no se trata de un privilegio arbitrario, sino de un «derecho social» y exigen al organismo portuario que deje de cobrarles por atracar sus barcos en la zona de gestión directa de los puertos de interés general de Baleares, como se viene haciendo desde la pasada legislatura.
La APB, representada por la Abogacía del Estado, sostiene, por el contrario, que se trata de una tasa (concretamente la T5, correspondiente a las embarcaciones deportivas) y que, en consecuencia, es una ilegalidad permitir que los empleados portuarios, por el mero hecho de trabajar en la función pública, estén exentos de abonar lo que equivale a un impuesto.
La letrada del Estado Ana Marí señaló ante la titular del Juzgado de lo Social número 4 que si la APB no había cobrado antes por el uso de los amarres, fue por «dejadez» de los sucesivos responsables de este ente público y que ninguna autoridad tiene la potestad legal de eximir arbitrariamente a un ciudadano del pago de una tasa. En cuanto a que pudiera tratarse de un «derecho adquirido» por el largo tiempo transcurrido, Marí argumentó que la Constitución Española «deja claro que los bienes públicos son inalienables».
El abogado de los funcionarios, Abraham Bachilon, que a la vez es trabajador de la APB, adujo que los amarres son «parte integrante de la contraprestación» que los demandantes reciben por su trabajo. Es decir, que vienen a formar parte de su sueldo, si bien sólo tres de los más de 30 trabajadores que llegaron a tener un amarre gratis total (principalmente en el puerto de Palma) han acudido, que se sepa, a la vía judicial. De hecho, según indicó la abogada del Estado, la mitad de los beneficiarios optaron por renunciar al amarre cuando se les dijo que tenían que pagar.
Gaceta Náutica ha tenido acceso a una de las listas de amarres gratuitos para funcionarios en los puertos de Palma y Alcúdia. Se da la circunstancia de que al menos dos de ellos aparecen como «jubilados» y otros dos como «prejubilados». A esta última ‘categoría’ pertenece, precisamente, uno de los demandantes. Otro dato que revela dicho documento es la escasa cuantía de los amarres que los tres funcionarios se niegan a pagar. La cantidad reclamada a la jefa de contratación asciende, por ejemplo, a 560 euros anuales por atracar una embarcación de siete metros y medio de eslora por dos y medio de manga en el puerto de Palma. El precio que se le exige al litigante prejubilado es aún más irrisorio: 280 euros por un barco de cinco metros y medio, lo que equivale a 23 euros al mes que se niega a pagar, hasta el punto de llevar el asunto a un juzgado.
El actual presidente de la APB, Juan Gual, hizo saber a los demandantes que él «no compartía» su reclamación «como concepto», aunque no descartó que la legislación laboral pueda reconocer el amarre como un derecho. Alberto Pons, su predecesor en el cargo y la persona que decidió poner fin a la prebenda, también dijo que «habrá que esperar a ver qué dice la Justicia». En su opinión, «disfrutar de una amarre gratis por el sólo hecho de trabajar para la Autoridad Portuaria constituye un agravio para las 700 personas que llevan más 15 años en una lista esperando a que se les asigne».
Pons recordó que nunca fue informado de esta circunstancia y que se enteró al recibir una carta de un funcionario ibicenco que se acababa de comprar un llaüt y que pedía disfrutar de los mismos privilegios que sus compañeros de Palma. «Hasta ese momento yo no tenía ni idea de que hubiera amarres gratis, nadie me lo había dicho, de modo que no sé si otros presidentes llegaron a estar al corriente de lo que ocurría». Cabe recordar que Pons fue la persona bajo cuyo mandato se eliminaron privilegios como los aparcamientos gratuitos de los consejeros de la APB y el piso a cuenta del contribuyente (incluidos suministros) en el que vivió durante más de 15 años el ex director de los puertos de interés general de Baleares Angel Matías. En el momento del desahucio, el directivo, acusado de varios delitos en el caso Mar Blau, llevaba más de un año jubilado.
La abogada del Estado en el proceso laboral explicó a la juez que, una vez tuvo conocimiento de los hechos, Puertos del Estado emitió un informe en el que se advertía al jefe de recaudación de la APB de que estaba obligado a liquidar la tasa de los amarres a los funcionarios, dado que lo contrario era una «ilegalidad». Para demostrar la existencia de estos avisos aportó como prueba varios emails.
Más de 700 ciudadanos en lista de espera
El número de ciudadanos que esperan acceder a una amarre de gestión directa tan sólo en el puerto de Palma asciende a 728, de los cuales varios llevan casi 17 años en lista de espera. No se sabe a ciencia cierta cuántos amarres han sido cedidos «desde tiempo inmemorial» por la APB a sus empleados. Uno de los listados a los que ha tenido acceso Gaceta Náutica consta de 33 trabajadores, la mayoría de ellos destinados en Palma. La suma de las cuotas que desde hace un años y medio se les obliga a pagar –como cualquier otro ciudadano- es de casi 12.000 euros. Entre los que fueron beneficiados por esta prebenda durante años se encuentra el ex secretario y asesor jurídico, y la jefa de contratación de la APB. Ésta última ha llevado el caso a los tribunales para no tener que pagar 46 euros al mes.
