El empresario Ángel Bustos, imputado en el caso Mar Blau por presunto fraude a la administración y cohecho, cargos por los que se enfrenta a 9 años de prisión, acaba de ver frustrada en los tribunales su pretensión de cobrar 14,9 millones de euros de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), en concepto de indeminización por la pérdida temporal de su concesión de amarres en el puerto de Formentera.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha desestimado la demanda interpuesta por la empresa Marina Formentera, representada en este caso por el abogado Francisco Javier Jiménez Cisneros, contra el organismo portuario y le impone el pago de las costas del proceso. Dicha empresa ya cobró una indemnización de 4 millones de euros de la APB, después de que su concesión fuera declarada nula por el Tribunal Supremo por irregularidades en el concurso.
Se da la circunstancia de que, además del proceso judicial administrativo, la licitación fue investigada por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, quienes han acusado formalmente a Angel Bustos, gestor de Marina Formentera, de haber sobornado a un funcionario de la Autoridad Portuaria para obtener la adjudicación. Este caso está pendiente de juicio, si bien la Fiscalía ha solicitado con carácter preventivo que Marina Formentera deposite una fianza de 5 millones para, en caso de que haya condena, hacer frente a las responsabilidades pecuniarias.
La ausencia de vasos comunicantes entre la jurisdicción contenciosa administrativa y la penal han dado pie a este curioso episodio judicial, en el que mientras, por un lado, se le exige a Marina Formentera que deposite una fianza por el dinero que cobró irregularmente de la APB, la misma sociedad ha seguido pleiteando para ver aumentada la compesación hasta casi 15 millones.
La resolución judicial del TSJB no hace ninguna consideración al respecto del procedimiento penal y se limita a resolver que nada justifica el incremento. El tribunal señala que el cálculo del lucro cesante del demandante no se ajusta a la realidad ni a la ley.
La sentencia ha supuesto un gran alivio para la Autoridad Portuaria, que, no obstante, no ha hecho de momento ningún movimiento para recuperar los 4 millones que ya pagó a Marina Formentera y que, según la Fiscalía Anticorrupción, se decidió en un acuerdo del Consejo de Administración que debería declararse nulo. De hecho, el escrito de acusación del Ministerio Público reclama expresamente que Marina Formentera reintegre esos fondos.
Medios jurídicos han mostrado su extrañeza por el hecho de que la APB no se haya personado como acusación particular en el sumario del Mar Blau, más si cabe después de que el juez instrucción y el fiscal anticorrupción sostengan la tesis de que el supuesto amaño del concurso de Marina Formentera ha provocado un quebranto millonario a las arcas del organismo portuario.
Fuentes de la APB señalaron a Gaceta Náutica que la personación en Mar Blau se está «considerando» por los servicios jurídicos propios y por los del Estado.
