16 de mayo de 2017. Hace menos de dos semanas que el Salón Náutico Internacional de Palma ha cerrado una de las mejores ediciones de su historia. Las previsiones en el sector son optimistas. Casi todos los operadores esperan una buena temporada, sobre todo los puertos deportivos. Mallorca está de moda. Las matriculaciones de barcos se aproximan a los niveles anteriores a la crisis. Los varaderos de reparación trabajan a buen ritmo. Se respira, en general, un buen ambiente. Incluso se habla bien en los círculos náuticos de algunos políticos, como el conseller de Comercio e Industria, el socialista Iago Negueruela, quien parece haber roto con décadas de prejuicios de la izquierda (la moderada) hacia la náutica recreativa. 

Pero algo falla. José María Jiménez, presidente de la comisión de chárter náutico de APEAM, convoca a Gaceta Náutica en la estación de alquiler de barcos Lonja Marina Charter, situada en pleno centro del puerto de Palma, para que compruebe de primera mano una realidad de la que no se ha hablado en los días del Salón: «No te creas todo lo que leas ni te fíes de tus impresiones. Mira cómo está el puerto».

La imagen de la marina completa, con todos los barcos que deberían estar navegando, o fondeados en una cala, quietos en sus amarres, contrasta con la euforia del resto del sector e incluso con la saturación de la que hablan a diario los medios generales. ¿Cómo es posible que, habiendo tantos turistas y siendo Mallorca el paraíso mediterráneo de la navegación, las empresas mallorquinas de alquiler de barcos estén prácticamente inactivas? ¿Son acaso muy caras? ¿Dan mal servicio a sus clientes? ¿Qué está provocando esta anomalía?

José María Jiménez lo tiene tan claro como clara es su forma de expresarlo: «Estamos siendo víctimas de la piratería, de la competencia desleal y de la absoluta impunidad con la que operan las grandes multinacionales, radicadas muchas de ellas en paraísos fiscales. Lo hemos denunciado mil veces, pero, a pesar de los esfuerzos de la administración, lejos de mejorar, la situación es cada vez peor». 

La historia que cuenta Jiménez no es nueva. De hecho, una de las grandes asignaturas pendientes del sector náutico es regular sus actividades de manera que, al menos, los trabajadores y empresas extranjeras no gocen de los increíbles privilegios fiscales y laborales que actualmente les permiten reducir sus costes y ofrecer precios más baratos. 

Aunque cueste creerlo, ser empresario náutico español en España es un inconveniente frente a compañías de ámbito global que, aprovechando las fallas del sistema o amparadas en la indescifrable maraña de la legislación tributaria,  emiten sus facturas sin IVA o reclaman directamente que el pago de los servicios prestados se realice en cuentas de bancos luxemburgueses u otros países fuera del control de la Hacienda española. 

«La ley, los impuestos y los sobrecostes son para los españoles; el todo vale, para los extranjeros», se lamenta Jiménez, quien asegura que estamos asistiendo a una lenta  pero inexorable decadencia del chárter en Mallorca, que se traduce en situaciones impensables hace unos años: «Hay pequeños empresarios legales que lavan las sábanas de los barcos de alquiler en sus propias casas porque no tienen margen ni para pagar una lavandería, su situación es desesperada. Hay compañeros que han hipotecado sus vidas para sacar adelante este negocio y se sienten deprimidos y desamparados». 

Esto no forma parte de la leyenda. No es la queja gratuita de un empresario contra su competencia. Esto es así.  Lo demuestran numerosas pruebas documentales recabadas por esta publicación, entre facturas libres de impuestos y correos electrónicos en los que las grandes compañías extranjeras aseguran sin rubor a sus clientes o intermediarios que no están obligadas a pagar el 21% de IVA. 

.s1La frase textual de uno de estos mensajes, en respuesta a una agencia que realiza reservas online, es la siguiente: «Como usted puede ver en las facturas, nuestros chárters han sido contratados por la compañía (…), una empresa mauricia que no está sujeta al IVA (…) Nuestras facturas son totalmente correctas. Esto está confirmado por nuestro departamento de finanzas internacional, y al hacerlo seguimos las últimas regulaciones de la UE con respecto al IVA». Así de simple.

La citada corporación mauricia opera con parte de su flota de bandera francesa en el puerto deportivo de Calanova. No cabe duda, por tanto, de que presta sus servicios en España.  Gaceta Náutica se puso en contacto con la persona que firma el anterior correo electrónico para que contestara a cinco preguntas: ¿cuántos barcos tiene su empresa?, ¿cuál es la compañía que opera esos barcos?, ¿es la misma compañía que emite las facturas?, ¿es cierto que no paga IVA?, ¿qué cantidad en concepto de IVA se ha deducido en los ejercicios de 2014, 2015 y 2016 la filial balear de la empresa? La respuesta del interlocutor fue instar a que este periódico se pusiera en contacto con la dirección general de la empressa el estado soberano de República de Mauricio, en el océano Índico, dado que el personal de Mallorca no se ocupa de «operaciones financieras y asuntos de registro». El mismo que antes hablaba con desparpajo de «regulaciones de la UE» resulta no saber nada cuando quien pregunta es un periodista.  

Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la agencia tributaria, cuya oficina de comunicación informó con carácter general, dado que la ley impide comentar casos concretos, que, si bien la aplicación del IVA viene marcada por el lugar de puesta a disposición del destinatario (el puerto de salida), existen excepciones si el servicio se presta por un empresario o profesional no establecido en el territorio de aplicación del impuesto, ya que se puede dar lo que, en la jerga técnica del fisco, se denomina supuesto de «inversión de sujeto pasivo». En estos casos la responsabilidad de pagar el IVA pasa a ser del arrendatario. 

José María Jiménez, que además de empresario de chárter y presidente de la patronal es asesor fiscal, explica que las empresas de chárter náutico prestan su servicio a clientes finales, no a otras empresas, y que considerar a éstos «sujetos pasivos» sería tanto como pretender que la responsabilidad de abonar el IVA recaiga «en una persona que toma un taxi o en un turista que va a un restaurante». 

Más allá de si, como dice la compañía mauricia antes citada, las prácticas fiscales se ajustan a las  normas de la Unión Europea, está claro que la competencia en este sector está lejos de ser ecuánime. Hay empresarios de primera y empresarios de segunda, dándose la impensable circunstancia en cualquier otro país civilizado de que los que salen peor parados son los nacionales. La evidencia está no sólo la foto de la estación chárter mejor situada de Mallorca con todos sus barcos parados, sino también en la sistemática desaparición de pequeñas compañías locales a las que resulta imposible ofrecer precios competitivos y pagar todos los impuestos. 

«No hay que darle demasiadas vueltas al asunto. Las informaciones que nos llegan de distintos agentes es que prácticamente todas las empresas que operan con bandera extranjera emiten sus facturas sin IVA, lo que les permite ofrecer unos descuentos y ofertas que son inalcanzables para los españoles. Estamos hablando de más de 300 barcos sólo en Mallorca, más todos los pequeños ‘piratas’ que actúan de manera individual, que ya ni siquiera hacen factura. La única solución es poner a todas estas compañías bocabajo», concluye Jiménez.  

UN PERJUICIO DE 2 MILLONES DE EUROS ANUALES

El dinero que se deja de ingresar en las arcas públicas debido a la actividad de las empresas que operan en Mallorca ajenas a la obligación de tributar el IVA se estima en unos 2,5 millones de euros anuales, según cálculos realizados por los empresarios legales del sector. 

El problema, explican, no está sólo en lo que las multinacionales dejan de pagar mediante la estratagema (por otro lado nada compleja) de emitir la factura desde algún  paraíso fiscal, como en el caso ya comentado de la República de Mauricio, sino en lo que las charter españolas dejan de ganar y, por tanto, de contribuir a través de sus impuestos. 

La facturación de las charter locales se está viendo drásticamente reducida en los últimos años. Algunos empresarios han optado por tirar la toalla y otros no lo hacen porque compraron los barcos y están endeudados.

«Todo lo que nosotros dejamos de facturar de manera legal –afirma Jiménez–, es dinero que deja de ingresar Hacienda, de modo que el perjuicio provocado por esta situación no es ólo para nosotros; también afecta al conjunto de la ciudadanía. Es necesario que las administraciones tomen cartas en el asunto cuanto antes».