Aunque para mí sea trágico que vayan desapareciendo clubes, tampoco nadie ha trabajado para establecer los parámetros legales de protección de las entidades deportivas náuticas, de las que solo nos acordamos cuando no llegan las medallas en las Olimpiadas.

Los nuevos tiempos sin embargo van a marcar el futuro de estos «concursos públicos» a los que pocos españoles han prestado atención por tener la convicción de los amaños que siempre se han dado en nuestro país. Pero la realidad impuesta desde Europa debe obligar a la administración a tomar el paso de una justicia aséptica, que protege a los ciudadanos contra los abusos de poder de los políticos, pues, a la postre, lo que dice la sentencia no es más que hay que cumplir las leyes administrativas sobre concursos públicos, algo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad ya nos lo viene advirtiendo.

Para los ciudadanos españoles, acostumbrados a los manejos de los políticos y sus acólitos, es difícil entender que lo que se alquila al concesionario de un puerto para el recreo, bajo estrictas condiciones, es un trozo de tierra y una lámina de agua que nos pertenecen a todos, y que cualquiera de nosotros podemos presentar una oferta o puja para hacernos con su explotación cuando la administración decide no hacerlo y lo saca a concurso.

.s1 Sin embargo en España ha sucedido lo contrario, primando el oscurantismo, el amiguismo y la interpretación torticera de la norma, cuando no presuntas acciones criminales como las acontecidas en la cúpula del Puerto de Palma en cuanto a concesiones en sus puertos de interés general, aunque, por fortuna y gracias a las denuncias de algunos, incluida Gaceta Náutica, sus autores van a pagar por ello. 

Por eso, tampoco son comprensibles las renovaciones automáticas y otras mandangas administrativas siempre bajo el capricho del gobierno de turno que moldean nuestras leyes a su antojo con la sola intención de manipular y prevaricar. Y, un país que no tiene leyes claras y firmes se convierte en un país débil en el que es difícil trabajar.

Los españoles no tenemos sentido de lo público, pues nos han hecho creer que lo público no es de nadie o es del estado; y no es así. En los países de nuestro entorno hay una gran conciencia de que todo es de los ciudadanos, porque ellos lo pagan, y ponen a gente eficaz para que lo administre. Los vertidos a la mar, las basuras en las cunetas, los abusos urbanísticos, la gran tolerancia cuando no connivencia con la corrupción, o los concursos administrativos, por poner solo unos ejemplos, son fruto de esa convicción de que todo es de ellos, de los de siempre, de los políticos.

Y, como decía en su artículo de mayo mi querido Pepe Quiroga, siempre nos mienten y tratan de manipularnos con iletradas doctrinas que ya nadie cree. Se conoce que el poder les hace a ellos más tontos, mientras que las jóvenes generaciones se preparan mejor para combatirles: el panorama político de las Baleares es un fiel reflejo de ello.