A la indignación por la negativa a suspender la tasa que grava los trabajos realizados por autónomos y pequeñas empresas en los puertos deportivos y varaderos de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se suma ahora el estupor por las razones alegadas para este aumento de la presión fiscal en plena pandemia. A partir del 1 de julio, las empresas que realicen cualquier actividad comercial en el espacio público portuario deberán pagar una mordida del 1% a Puertos del Estado. La APB gana cada año alrededor de 20 millones de euros por los cánones y tasas que percibe en los puertos de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y Formentera.
Juan Gual, presidente del organismo portuario estatal con sede en Baleares, adujo durante la reunión del consejo de administración celebrada el pasado 27 de mayo, en la que se acordó por mayoría la instauración del “tasazo”, que el sector del mantenimiento y reparación de embarcaciones no se ha visto afectado por el Covid-19 y, en consecuencia, no se justifica que pida la suspensión de ninguna tasa, según informaron Gaceta Náutica testigos del encuentro. También pretextó que la no aprobación del pliego que regula la exacción de la tasa hubiera supuesto incurrir en un delito de prevaricación al estar contemplado en la Ley de Puertos del Estado.
Diversos empresarios del ramo consultados por este periódico rechazan de plano la versión de la APB, que fue asumida por los representantes del Govern balear, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, cuyos representantes secundaron a Gual en el momento de la votación, frente a la oposición frontal de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y la Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), y la abstención de la Cámara de Comercio.
“Qué gran desconocimiento del sector –se lamentaba uno de los empresarios afectados–. Cómo se puede decir que el Covid-19 no nos ha afectado cuando el 40% de empresas estamos en ERTE. Nos están destruyendo”.
Una cosa es “lo que pueda parecer a simple vista y otra muy distinta la realidad”, sostienen los representantes sectoriales, quienes aseguran que los varaderos mantienen su actividad porque se están acabando los trabajos que se empezaron antes de la declaración del estado de alarma y que eso es solo “un espejismo” que bajo ningún concepto justifica un incremento de la presión fiscal. “No hay nuevos proyectos más allá de junio; los que teníamos para octubre se han cancelado y nos hemos visto obligado a devolver los depósitos”, añade el mismo empresario.
Las patronales y asociaciones, que trataron de frenar la medida registrando un escrito en la APB un día antes de la reunión del consejo, no entienden que Puertos decida cobrar la mordida, aunque sea del 1%, cuando “todas las actuaciones que están llevando las diferentes administraciones públicas tienen por finalidad apoyar la actividad económica” y denuncian que se instaure, además, “sin valorar el impacto que tendrá para el sector” y tomando como referencia “informes justificativos realizados con anterioridad [a la crisis del Covid-19], en plena época de bienestar”.
Otro aspecto en el que hacen hincapié los empresarios es en “la falta de proporcionaldad” de la tasa, que no existe en los puertos de competencia autonómica –cuyos puertos podrían ser los grandes beneficiados–, así como en la carencia de una plataforma para recaudarla: “La han aprobado y no saben ni cómo aplicarla”.
