La Guardia Civil ha levantado en los últimos días al menos tres propuestas de sanción a dueños de barcos amarrados en las boyas ubicadas frente a la playa del puerto de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca) y ha realizado indagaciones sobre la propiedad de otros muertos instalados en la playa del Marqués, de la misma localidad, y de Cala Figuera, en el municipio de Santanyí.

La instalación de estas boyas es ilegal siempre que no cuente con una autorización expresa de Costas, si bien se trata de una práctica que se ha venido realizando tradicionalmente en diversos municipios cuyos puertos no tienen capacidad para asumir la demanda de la temporada alta.

En el caso de la Colònia de Sant Jordi, donde ha trascendido la interposición de tres denuncias por valor de 3.000 euros cada una, los muertos ocupan una gran extensión entre la Platja de Es Port y la cala de Es Dols. Algunos navegantes que llevan 10 años amarrando su pequeña embarcación en esta zona han sido advertidos de la operación policial y temen ser multados.

Fuentes portuarias han confirmado a Gaceta Náutica que la Guardia Civil “se ha puesto muy seria este año”, aunque desconocen si es una actuación de oficio o fruto de una “orden superior”, ya que “hace mucho tiempo que las boyas están allí y no ha pasado nada“. Vecinos de la Colònia de Sant Jordi recuerdan que hace unos 20 años se intentó regular el fondeo mediante multas, pero al cabo de un tiempo se acabó consintiendo. Hasta ahora.

Algunos responsables portuarios se muestran partidarios de la regulación de estos polígonos de fondeo, pues “ayudan a aliviar la falta de amarres”. En algunos casos, como el del Port d’Andratx, las boyas son gestionadas por concesionarios de puertos cercanos, que cobran por la ocupación del muerto, se encargan de su mantenimiento y ofrecen servicios a los amarristas.