La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) mantiene su decisión de empezar a aplicar el Pliego de Condiciones Particulares del Servicio Comercial de Reparación y Mantenimiento de Buques y Embarcaciones a partir del próximo 1 de julio. Su aprobación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 13 de junio.

A pesar de la unánime solicitud del sector náutico para suspender la entrada en vigor del pliego, la nueva tasa gravará con un 1% de la facturación de las empresas cualquier trabajo realizado en los puertos de interés general de Baleares. La medida afectará, por tanto, a la actividad realizada en los puertos de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y la Savina.

La votación del pliego por parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que tuvo lugar el pasado 27 de mayo, resultó poco usual pues rompió la placidez habitual de estas reuniones donde prácticamente todas las resoluciones se aprueban por unanimidad.

El pliego contó con el voto en contra de la representante de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y del presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Actividades Marítimas (APEAM), Miquel Puigserver, quien también ocupa el cargo de vicepresidente de la Autoridad Portuaria. Además, el presidente de la Cámara de Comercio, Antoni Mercant, se abstuvo, mientras que el resto de consejeros dieron su visto bueno.

El sector náutico industrial de Baleares ha solicitado de forma reiterada en los últimos meses la suspensión de la tasa dada la situación de crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

Las empresas que quieran trabajar en los varaderos estarán obligadas, antes de iniciar su actividad, a presentar “una garantía, a favor del presidente de la Autoridad Portuaria”, por un importe que irá de los 1.500 a los 10.000 euros en el caso de la autorización permanente y de 150 a 1.000 euros por mes para las autorizaciones temporales.

La cuantía de esta garantía, que se constituirá en metálico, mediante aval bancario o de compañía de seguros, se establecerá en función del número de trabajadores de la empresa y será exclusiva para cada puerto, así que las empresas deberán pagar una por cada puerto en el que deseen operar.

El sector náutico se queja también de la burocracia que supondrá la aplicación del pliego pues, además del pago sin que exista una plataforma para recaudarla, para conseguir la autorización permanente se debe presentar numerosa documentación de la empresa, certificados de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, el Impuesto sobre Actividades Económicas y homologar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la a la Oficina de Coordinación de Actividades Empresariales de la APB.