La oferta de la empresa Marina Seca Port de Ciutadella, elegida por el Govern balear para gestionar el varadero del puerto interior de esta localidad menorquina, pretende facturar 500.000 euros anuales, de los cuales 271.000 corresponden a “prestaciones de servicios”  y el resto a izadas y reparaciones en la propia instalación portuaria.

Astilleros Llompart, la empresa que gestiona el varadero desde los años 80 del siglo pasado, sostiene que estas cifras son “desmesuradas” y que los servicios de varada, mantenimiento de barcos y cesión de espacio para trabajos en régimen de libre competencia son insuficientes para alcanzar  el medio millón de facturación y, en consecuencia, la posibilidad de abonar un canon anual de 101.000 euros al Govern balear: “Las previsiones de Marina Seca son irreales y están infladas con el único objetivo de conseguir la concesión”.

El compromiso de pagar cada año esta cantidad fue determinante para que la empresa vinculada a la hija del ex presidente de la patronal CEOE, condenado en diversos procesos judiciales por corrupción, ganara el concurso convocado para la explotación del varadero los próximo 20 años, a la espera de que el Consejo de Administración de Ports IB decida o no adjudicárselo. La resolución definitiva está pendiente de un informe sobre las puntuaciones de la Comisión Técnica.

En uno de sus escritos de alegaciones, Astilleros Llompart señala, además, que Marina Seca aporta a su proyecto la actividad de invernada en dos naves industriales, las cuales estarían situadas en “suelo rústico” y “fuera del ordenamiento”. Estas afirmaciones se sustentan en las conclusiones de varios informes realizados por un arquitecto, un ingeniero de caminos y un ingeniero industrial, los cuales certifican que los edificios se encuentran situados en terrenos calificados de “rústico común” en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciutadella, así como que su uso para el mantenimiento, custodia y reparación náutica “no está permitido”.

Astilleros Llompart aduce, a partir de estos dictámenes, que las citadas naves serían “construcciones ilegales y de una actividad clandestina”, y reclama que su aportación como activo del negocio de Marina Seca sea eliminada del concurso. Ports IB considera que, en caso de atender dicha petición, la oferta de la empresa de la familia Díaz Ferrán solo perdería tres puntos (pues así lo estipulan las bases) y seguiría siendo la mejor valorada, con 82,76 puntos frente a los 67,22 de Llompart.

El resultado de los proyectos presentados al concurso del varadero se dio a conocer el 19 de junio en la mesa de contratación telemática a la que pudieron acudir representantes de las firmas concursantes.

Marina Seca, según informó en exclusiva Gaceta Náutica el pasado 21 de junio en una inforrmación de la que luego se han hecho eco eldiario.es e IB3 TV, hizo valer su mayor oferta económica, muy superior a los 36.500 de Astilleros Llompart. La Comisión Técnica dio por buena toda la documentación acreditativa del proyecto de Marina Seca y no apreció temeridad en el canon. Los abogados de Astilleros Llompart alegan que la Ley de Contratos del Sector Público establece la anormalidad de una oferta cuando supera en un 10% la media aritmética si concurren tres licitadores y que en este concurso es superior “en un 276%”.

La concesión del varadero de Ciutadella consta de una explanada de 1.484 metros cuadrados y un espejo de agua de 785, de los cuales 500 pertenecen a la rampa de varada y no son útiles para amarre. Actualmente dispone de una grúa de 12,5 toneladas y un tren de varada de 300 toneladas. Marina Seca Port de Ciutadella se ha  comprometido a realizar una inversión de 500.000 euros en mejoras.

El concurso se viene tramitando desde el año 2018. Ports IB realizó una modificación de las bases el 27 de diciembre de 2018 y justo un día después Marina Seca Port de Ciutadella cambió su objeto social para incluir servicios de industria naval.  En esa misma fecha, Marta Díaz, hija de Díaz Ferrán, cesó como administradora única  y fue nombrado Damián Díaz  Camps, persona ajena a la familia y que es quien aparece ahora al frente de la empresa.

INTENTO DE LEGALIZACIÓN

El Govern balear publicó el pasado 13 de mayo un decreto en el que se autorizaba la creación de varaderos destinados a la construcción, mantenimiento y almacenaje de embarcaciones en suelo rústico, incluso en “zonas de interés paisajístico que no sean de naturaleza boscosa”.

La norma, que se pretextó como una medida para paliar los efectos del coronavirus, fue descartada antes de ser sometida a votación en el Parlament balear debido a la presión de Unidas Podemos y Més per Mallorca. La éfimera luz verde a los varaderos pretendía, según el preámbulo del de decreto, “potenciar el sector especializado en la construcción y mantenimiento e embarcaciones» a través de un  «procedimiento urbanístico extraordinario”. La propuesta surgió del PSIB, pero no pasó el filtro de los acuerdos del Pacte.