El mandato judicial de los registros del caso APB, que ayer se saldó con la detención de la cúpula de este organismo portuario del Estado (incluido su presidente, Juan Gual) y el precinto de sus sedes en Palma, Mahón e Ibiza, incluye una referencia a una marina destinada al alquiler de embarcaciones en Menorca, además del puerto de Asmen y el Club Náutico de Ibiza. Se trata, según ha podido saber este periódico, de una concesión otorgada en 2017 a una empresa cuyo propietario está al frente de una institución financiera acreedora del presidente de la APB. Juan Gual tuvo que dimitir en 2013 de su cargo de presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca tras entrar en quiebra su empresa de catering. Dos años más tarde, Francina Armengol, presidenta balear, lo puso al frente de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Las fuentes señalan que Menú, la antigua empresa de Gual, adeudaba más de un millón de euros a la mencionada entidad financiera, que en septiembre de 2019 ejecutó el embargo de una casa propiedad de la familia Gual en la calle Aragón de Palma de Mallorca por valor de 400.000 euros.

Estos hechos se vinculan al caso APB dado que el presidente de la financiera ha obtenido dos concesiones en los últimos años, una de ellas al parecer la referenciada en el mandamiento que ayer fue exhibido en los registros. GN se puso en contacto con la única marina de estas características en el Puerto de Mahón y su director aseguró que no se había producido ningún registro ni requerimiento de información.

Una comisión judicial encabezada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, y la fiscal Laura Pellón procedió ayer al registro de los ordenadores y discos duros de los departamentos de la APB implicados en las concesiones objeto de la investigación.

El registro se realizó en presencia de Juan Gual y de los funcionarios detenidos (Juan Carlos Plaza, Armando Parada y Fernando Berenguer). En el transcurso de la tarde quedó en libertad con cargos el vicepresidente del organismo portuario, Miguel Puigserver, empresario histórico del puerto de Palma y hombre de confianza de Juan Gual. Posteriormente, a la una de la madrugada de hoy, una vez concluidas las diligencias y asegurada la no destrucción de pruebas, la juez Mora ha decidido liberar a los cuatro detenidos restantes, bajo la imputación de los delitos de fraude, malversación y prevaricación. Asimismo ha sido imputada la abogada del Estado en Baleares Dolores Ripoll.