La Asociación de Empresas Náuticas de las Islas Baleares (AENIB) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de implantar una tasa de un 1,5% sobre el total la facturación a las empresas que realizan trabajos de mantenimiento y reparación en los puertos de interés general, ya sean varaderos, clubes o marinas.
Según ha podido saber Gaceta Náutica, el contencioso de AENIB, que cuenta con el respaldo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), alega que el «tasazo» presenta defectos formales, como carecer de un estudio económico que lo justifique, e impide el desarrollo del sector náutico balear en un momento especialmente delicado debido a la pandemia de Covid-19 y la caída de la actividad en puertos y varaderos.
El tasazo responde a un mandato de la Ley de Puertos del Estado y, según la APB, su no aplicación sería ilegal. Juan Gual llegó a sugerir que las asociaciones le estaban instando a prevaricar. Sin embargo, otras autoridades portuarias no la han implantado para proteger a las empresas que operan en sus instalaciones.
Sus impulsores en Baleares fueron el ex presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y el ex presidente de la APB, Juan Gual. La tasa fue aprobada con la unanimidad del consejo de administración del ente portuario, en una segunda votación se opusieron a la CAEB y la patronal marítima APEAM. La Cámara de Comercio decidió abstenerse.
A las empresas no les preocupa únicamente tener que pagar a la APB un porcentaje de su facturación, sino la burocracia que acarrea el pliego propuesto por la APB. De acuerdo con éste, cualquier pyme o autónomo que quiera trabajar en un varadero de Palma, Alcúdia, Ibiza, Menorca o Formentera deberá, antes de iniciar su actividad, presentar «una garantía, a favor del presidente de la Autoridad Portuaria, por un importe que irá de los 1.500 a los 10.000 euros en el caso de la autorización permanente, y de 150 a 1.000 euros por mes para las autorizaciones temporales.
La cuantía de esta garantía, que se constituirá en metálico, mediante aval bancario o de compañía de seguros, se establecerá en función del número de trabajadores de la empresa y será exclusiva para cada puerto, así que las empresas deberán pagar una por cada instalación donde realicen algún trabajo.
MARC PONS, A FAVOR DE LA TASA.
El Parlament balear rechazó el pasado 4 de septiembre una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para instar a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) a aplazar la implantación del «tasazo» sobre servicios de reparación de embarcaciones. La propuesta del PP pedía que la APB consensuara con las patronales y la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENIB) la posible derogación de esta tasa dada la situación de crisis actual. Marc Pons, conseller de Movilidad, defendió que la APB «ha hecho cumplir la ley», ya que un informe de la Abogacía del Estado señala la obligatoriedad de que no sólo las empresas concesionarias paguen la tasa, sino también los autónomos y pymes a las que incluso alquilan espacios para trabajar en sus instalaciones.
