La documentación aportada por la Conselleria de Medio Ambiente a uno de los dos juzgados que investigan los daños causados por las depuradoras públicas en el medio ambiente marino revela que, a pesar de la apertura de una treintena expedientes, no se ha impuesto ninguna sanción por esta causa en los últimos cuatro años.
Fuentes del caso han informado de que todas las propuestas de multa fueron archivadas por el Govern “alegando uno u otro motivo”, si bien está “acreditadísimo” el impacto que el tratamiento defectuoso de las aguas residuales ha tenido sobre el litoral, y en particular sobre especies vegetales protegidas como la posidonia oceánica, de la que se calcula que podrían haber desaparecido 16 héctareas sólo en la Bahía de Palma.
La Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN) presentó en mayo de 2019 una denuncia en el juzgado de guardia después de que la Conselleria de Medio Ambiente ignorara sus reiteradas peticiones para conocer el estado de las depuradoras (sus permisos y situación legal) y los expedientes sancionadores instruidos por vertidos contaminantes al mar. El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma decidió abrir diligencias y requirió al Govern para que facilitara los expedientes relativos a sus depuradoras. También ordenó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que investigara los hechos.
Según consta en la denuncia, a la que en su día tuvo acceso Gaceta Náutica, ADN requirió por escrito a la Conselleria el 4 de julio de 2018 para que informara acerca de las “actuaciones o aperturas de informes ordenados desde 2016 motivados por el mal funcionamiento de los emisarios”. El 7 de marzo de 2019 solicitó de nuevo al departamento dirigido entonces por el soberanista Vicenç Vidal (hoy senador no electo) que explicara la situación de dichas tuberías submarinas y si contaban o no con la pertinente declaración de impacto ambiental, así como si estaban autorizadas a verter aguas residuales. En ambos casos la respuesta fue el silencio.
La Conselleria no pudo, sin embargo, mantener esta actitud de falta de transparencia ante el juzgado, al que se ha visto obligada a remitir centenares de documentos que, según las fuentes consultadas por este periódico, acreditan, por un lado, el mal funcionamiento de las depuradoras y, por otro, la ausencia de multas a las empresas públicas que las gestionan.
Medio Ambiente viene a reconocer en estos papeles el pésimo estado de las instalaciones, pero justifica el archivo de los expedientes sancionadores alegando distintas razones técnicas. Estas se resumen en el hecho de que no se puede detener sin más la depuración de aguas fecales, aunque se esté realizando sin respetar los estándares europeos y con plena conciencia de que causa daños en el medio ambiente.
La Asociación de Navegantes Mediterráneo hizo en su momento especial hincapié en el distinto rasero de la Conselleria de Medio Ambiente a la hora de sancionar las agresiones a la posidonia, en función de si procedían de usuarios del mar o de la administración responsable de las depuradoras: “Más allá de entrar a valorar si los vertidos son susceptibles de ser considerados como delito, entendemos que la no actuación frente a los repetidos daños ocasionados al medio ambiente (…) son un motivo suficiente para interponer esta denuncia”.
Esta acción de ADN se sumó a las denuncias que presentaron en su día a título particular el abogado Santiago Fiol, navegante y ex presidente de la Federación Balear de Vela, y el buceador aficionado y monitor de vela Javier Lapresa, las cuales dieron lugar al registro de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados (EMAYA) y a la imputación de su antigua presidenta, hoy regidora de urbanismo de Palma, Neus Truyol. Este caso se investiga en el Juzgado de Instrucción número 12.
