Transmediterránea afronta una de las peores crisis de su historia. La centenaria compañía de transporte ha visto reducir sus ingresos de forma drástica en este 2020 a causa de la pandemia. El descenso de pasajeros y la menor demanda de mercancías ha situado a Naviera Armas, propietaria de Transmediterránea, en una posición financiera delicada con una abultada deuda.

Naviera Armas ha emitido un comunicado esta mañana en el que afirma que la compañía ha conseguido un acuerdo de 'standstill' (periodo de espera en los pagos) con bonistas que representan el 72% de los bonos emitidos, que permite así un "gran avance" en el proceso de refinanciación de su deuda.

Según señala la compañía, este pacto se ha producido durante el plazo "de gracia" de 30 días dado desde que se anunció el inicio de estas conversaciones, siendo el objetivo del mismo cerrar un acuerdo de refinanciación, que se espera sea antes de final de año.

Este anuncio de Naviera Armas llega apenas unos días después de que el Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona embargara un ferry de la compañía en el puerto de Barcelona. Tal y como informó el diario La Vanguardia, el buque Ciudad de Palma, de Trasmediterránea, fue retenido el lunes pasado por impagos a la firma Carus, proveedora de sistemas informáticos especializada en el sector naviero a la que se le adeudan más de 700.000 euros además de los intereses.

La inmovilización del ferry obligó  a Trasmediterránea a reprogramar sus trayectos y transferir carga y pasajeros a otro barco de la compañía de menor tamaño, el Ciudad de Ibiza. Al cabo de unas horas, Naviera Armas, recuperó en Andalucía uno de los buques que tiene inactivos por baja demanda para sustituir al Ciudad de Palma y al día siguiente pudo cubrir la línea entre las capitales de Cataluña y Baleares, fundamental para el abastecimiento de la Isla.

Al margen de posibles acuerdos con sus acreedores, Naviera Armas ha pedido ayuda del fondo de rescate para empresas estratégicas lanzado por el Gobierno. La cuantía solicitada al fondo que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ronda los 100 millones de euros. En estos momentos, el organismo estatal analiza si la comapñía cumple los requisitos para acceder a una ayuda que puede resultar fundamental para su futuro.