La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua), empresa pública gestora de 78 depuradoras en Baleares, reconoció en un informe dirigido al juzgado que investiga los vertidos contaminantes al mar que varias de sus plantas no cumplen con los parámetros legales.
El documento, datado el 7 de octubre de 2019, lleva la firma de la jefa del área de gestión de mantenimiento y señala que únicamente 23 depuradoras de la red autonómica evacúan al mar, ya que el agua saneada en las restantes estaciones se destina a la agricultura o al riego de campos de golf, y que «en general» operan dentro de los márgenes exigidos, a excepción de las de Ciutadella y Mahón en Menorca, Sóller en Mallorca y San Antoni de Portmany en Ibiza.
Estas cuatro, admite Abaqua, no alcanzan los niveles de reducción de fósforo y/o nitrógeno que exige la normativa.
El caso más grave se da, según el propio informe de la entidad dependiente del Govern balear, en la depuradora de Sóller, donde el saneamiento de las aguas residuales se ve muy comprometido por la «alta carga contaminante» de los alpechines procedentes de la cooperativa agrícola.
El alpechín es la mezcla del agua caliente de lavado y de la aceituna. Tiene un color oscuro, similar al lodo y desprende un olor muy fuerte. Este desperdicio tiene una gran carga orgánica y es, por tanto, muy difícil que la naturaleza lo degrade por sí misma. Está considerado como el residuo más contaminante de la industria alimentaria. Las almazaras generan también glicerina y restos jabonosos.
Los vertidos en las aguas litorales de Sóller se han hecho visibles en los últimos años en forma de grandes manchas grisáceas que se extienden frente a la bocana del puerto natural, en la desembocadura del emisario de la planta depuradora que trata las fecales de Sóller, el Port de Sóller y Fornalutx. Uno de los episodios más sonados se produjo en 2015 (cuatro años antes del informe de Abaqua), cuando un grupo de excursionistas divisó y fotografío un gigantesco vertido desde el refugio de Muleta.
Sin embargo, la desaparición de la posidonia oceánica ha sido atribuida reiteradamente, por asociaciones ecologistas afines a los partidos que actualmente ostentan el poder autonómico, a la supuesta presión de los fondeos en la zona abrigada del puerto.
El reconocimiento ante el juzgado del deficiente funcionamiento de la depuradora de Sóller, y el grave problema generado por los alpechines de las almazaras, es un efecto colateral de la denuncia presentada por la Asociación de Navegantes (ADN) el 22 de mayo de 2019, gracias a la cual se ha podido saber también que los vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales II, gestionada por la empresa municipal de alcantarillados de Palma (Emaya), habría arrasado más de 200 hectáreas de posidonia oceánica en la Bahía de Palma, según consta en un dictamen del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) publicado en primicia el pasado mes de noviembre por Gaceta Náutica y que tuvo una gran repercusión en medios de información general.
Unos meses antes del informe de Abaqua, en abril de 2019, la Conselleria de Terrritori del Govern balear se vio obligada a dar explicaciones por escrito al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el funcionamiento de las depuradoras EDAR de Palma, reconociendo «serios problemas» y el incumplimiento de la calidad de los vertidos que van a parar al mar a través de los emisarios.
