La Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo no ha conseguido, a pesar de numerosos intentos y de recurrir a la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, que la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear responda a qué razones le llevaron a eliminar la prohibición de realizar vertidos de aguas residuales sobre las praderas de posidonia, así como la obligatoriedad de las plantas depuradoras de adaptarse en un periodo de cinco años, del texto final del decreto de protección de esta planta marina.

La Conselleria de Medio Ambiente, entonces dirigida por el hoy senador ecosoberanista Vicenç Vidal (por designación autonómica, no por sufragio), había incluido ambas medidas de protección en un primer borrador (mayo de 2017), pero, por causas que nunca han trascendido, fueron suprimidas de la versión definitiva, aprobada el 27 de julio de 2018 y vendida a la opinión pública como “un decreto pionero para conservar las praderas de posidonia”.

Diversas investigaciones, entre ellas una del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil remitida al Juzgado de Instrucción Número 7, han corroborado con posterioridad el efecto devastador de las aguas fecales mal depuradas sobre los ecosistemas marinos, en particular la posidonia oceánica. Se estima que por esta causa habría desaparecido más de 200 hectáreas de esta planta en la Bahía de Palma, donde desembocan varios emisarios procedentes de las estaciones depuradoras de la capital balear.

Los navegantes, sometidos a una feroz campaña de criminalización por parte de las autoridades regionales, siempre han defendido que el decreto de protección de la posidonia eludía referirse al asunto de los vertidos para no perjudicar al Govern y a los ayuntamientos responsables del tratamiento de las aguas. Ya antes de que se aprobará la normativa que restringe el fondeo con ancla y prevé severas sanciones para quienes incumplan este precepto, ADN se dirigió a la Conselleria de Medio Ambiente para saber qué había pasado con la mención a los vertidos. El 24 de noviembre de 2017 solicitó explicaciones por escrito, pero no obtuvo respuesta. Al cabo de casi dos años, en los que el Govern hizo bandera de su decreto y se erigió en gran defensor del medio ambiente, los navegantes volvieron a insistir. El segundo requerimiento fue remitido el 22 de agosto de 2019. Otra vez silencio.

ADN dejó pasar un tiempo más que prudencial antes de recurrir a la Dirección General de Transparencia, 2 de noviembre de 2020. Medio Ambiente, ahora bajo el control del también soberanista Miquel Mir, no pudo escurrir más el bulto, pero su respuesta fue sorprendente: no habían dicho nada porque los escritos de los navegantes eran “alegaciones” al decreto y éstas no se contestan de manera individual. Pero no era cierto: las solicitudes de información se habían cursado por separado, así que la excusa no colaba.

La Asociación de Navegantes pidió a la Dirección General de Transparencia mayor rigor en las respuestas del ejecutivo, demostrando que sus escritos no eran las pretendidas alegaciones a las que el Govern se agarraba para no contestar a una pregunta sencilla: ¿por qué la prohibición de los vertidos y la obligación de adaptar las depuradoras fue eliminada del primer borrador del decreto de protección de la posidonia?

Transparencia cursó de nuevo la solicitud, instando al ejecutivo a contestar como es debido, pero la respuesta obtenida está lejos de satisfacer la curiosidad de la Asociación de Navegantes Mediterráneo. En esencia, la Conselleria de Medio Ambiente pretexta que el expediente de decreto constaba de 2.876 páginas y que en el momento de la primera petición era un documento en curso de elaboración, para acabar diciendo que “posiblemente este marco normativo debe propiciar que el Decreto no haya regulado los emisarios así como lo hubiera querido ADN según su escrito”. Un adverbio de duda –“posiblemente”– y mucha verborrea legal, pero ni una sola referencia a un informe o razón que justifique la supresión de los dos puntos (vertidos y moratoria de cinco años para las depuradoras) sobre los que se preguntaba.

Gabriel Dols, presidente de ADN, ha optado por no presentar más recursos; en su lugar se ha dirigido por carta al conseller Miquel Mir, afirmando lo siguiente: “Intentamos hacer preguntas claras y concisas y, por lo general, se nos contesta con mucha normativa de ámbito general, pero sin dar respuesta a lo solicitado; en este caso se concretaba en decir: se quitó la prohibición de vertidos sobre praderas por…, y lo de los cinco años para legalizar lo que lleva décadas sin autorización por… Simplemente esto. Entendemos que lo que tiene de sencillo la solicitud pueda tenerlo de complicado su justificación, a tenor de la tardanza en la respuesta y de su contenido”.