El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha dejado visto para sentencia un caso cuyos supuestos son “sustancialmente similares” a los que afectan al Real Club Náutico de Palma (RCNP) y su derecho de ampliar el plazo de la concesión que ocupa en el puerto de la capital balear desde 1948.

La citada demanda, que aún no ha sido resuelta por el tribunal balear y que, en cualquier caso, sería susceptible de ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, fue interpuesta por la marina Formentera Mar contra la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tras la negativa de este organismo a ampliar su concesión.

El motivo alegado por la APB, que entonces presidía Juan Gual, fue que el puerto deportivo radicado en La Sabina (Formentera) tenía un contrato de prestación de servicios y no una concesión demanial. Exactamente el mismo argumento jurídico por el que, según un informe de la Abogacía General del Estado, el histórico RCNP no tendría derecho a prorrogar ni ampliar su título por un periodo de 20 años, tal y como ha solicitado formalmente.

La representación legal de Formentera Mar ha aducido ante el TSJB dos cuestiones que, de ser aceptadas, podrían suponer que esta empresa recuperara sus amarres (o tuviera como mínimo derecho a ser indemnizada por su pérdida) y, de rebote, la salvación del Real Club Náutico de Palma ante la situación derivada del informe desfavorable de la Abogacía del Estado.

La primera es que, a raíz de la modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante (TRLPEMM) en 2003, todos los antiguos contratos de servicios se transformaron en concesiones. De hecho, según señala la empresa demandante en sus conclusiones, aquellos títulos se basaban en la prestación de un “servicio público” que dejó de existir con el cambio legal; es decir, que no se puede pretender que la gestión de un puerto deportivo o un club náutico esté amparada por algo que literalmente no existe desde hace casi 20 años.

La segunda, y tal vez más relevante, es que no hay nada que en la práctica diferencie un supuesto contrato de gestión de una concesión demanial. Y al decir nada es nada. Tanto es así que ni el jefe de explotación de la Autoridad Portuaria de Baleares, Fernando Berenguer, fue capaz de distinguir una cosa de la otra en la declaración que prestó en la fase de prueba de la demanda interpuesta por Formentera Mar. Esto reduciría la cuestión nuclear del asunto a una mera interpretación semántica.

Tanto Formentera Mar como el Real Club Náutico de Palma han sido tratados como concesiones durante décadas. La Administración, que no puede actuar contras sus propios actos según uno de los principios elementales del ordenamiento jurídico español, sólo habría mostrado interés por la naturaleza del título de Formentera Mar (y ahora del club) en el momento de la solicitud de ampliación, de manera “extemporánea” y “sin tener en cuenta su reconocimiento de facto a ambos puertos deportivos como concesiones”, de acuerdo con los argumentos esgrimidos ante el TSJB

En el caso concreto del Real Club Náutico de Palma, la “extemporaneidad” afectaría también al momento de la solicitud de la APB para que la Abogacía del Estado se pronunciara sobre la tipología del contrato, cinco años después del inicio del expediente y cuando la ampliación de plazo solicitada ya contaba con el pleno aval de los servicios jurídicos de Puertos del Estado.

La pregunta para la que de momento nadie encuentra respuesta es por qué razón, con todos los pronunciamientos a favor, la APB decidió elevar una nueva consulta a la Abogacía General del Estado a falta de menos de dos años para que expire la concesión y después de haber acompañado al RCNP en el trámite de ampliación y haberse incluso reunido con los socios de la entidad (no únicamente con la junta directiva) para explicar los pormenores del expediente.

Cabe recordar, en este punto, que la APB exigió al club la construcción de un parking subterráneo y el derribo de varios edificios en la plaza de Sant Elm, además de una inversión de casi 12 millones de euros, para acceder a una ampliación de plazo de 12 años más una prórroga de 8.  

Un alto funcionario del estado consultado por Gaceta Náutica habla de “anomalía” y de la necesidad de que se haya producido una “disrupción” al más alto nivel para que, llegados a este punto, se ponga en duda el derecho de ampliación del Real Club Náutico de Palma, una entidad histórica cuyas raíces se remontan a la última década del siglo XIX y cuya función social, deportiva y económica está unánimemente reconocida.

Fuentes jurídicas, aun admitiendo el peso “innegable” del dictamen, apuntan que la Abogacía del Estado no ha entrado en el verdadero fondo del asunto: “Se ha quedado en la superficie, sin conectar con la realidad ni tener en cuenta las consecuencias subyacentes de su informe”.  

EL ORIGEN DEL DEBATE

La demanda de Formentera Mar contra la APB tiene su origen en la personación de una empresa competidora en el expediente de solicitud de ampliación del plazo de concesión, algo que no se ha producido en el caso del Real Club Náutico de Palma.

El puerto deportivo Marina Formentera, ubicado también en la dársena de La Sabina, alegó en un escrito registrado el 22 de julio en la APB que su “vecino” no tenía derecho a prorrogar su título por ser un contrato de gestión. Y consiguió, de hecho, que así fuera.

La negativa a renovar la concesión fue avalada por un informe del despacho privado Cuatrecasas, que liquidó la cuestión en seis folios y medio. La APB, bajo la presidencia de Juan Gual, se apoyó en este exiguo dictamen para expirar la concesión de Formentera Mar, eludiendo la intervención de Puertos del Estado.

Los amarres de Formentera Mar salieron a concurso en 2017 y fueron adjudicados finalmente a la empresa DECOIN, que tuvo que subrogarse o indemnizar por despido a la plantilla del anterior gestor.