FEDERACIÓN
El TAD anula la sanción al presidente de la balear de Piragüismo
Juan Carlos Fuentes había sido inhabilitado por dos años por falsificación de datos en la licencia de competición. El tribunal considera que “no se acredita la concurrencia de una actuación dolosa”.

Juan Carlos Fuentes había sido inhabilitado por dos años por falsificación de datos en la licencia de competición. El tribunal considera que “no se acredita la concurrencia de una actuación dolosa”.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha estimado el recurso presentado por Juan Carlos Fuentes, presidente de la Federación Balear de Piragüismo, y deja sin efecto la sanción de dos años de inhabilitación que le había sido impuesta por la Federación Española y ordena el archivo del expediente sancionador.

El TAD, en un escrito fechado el pasado 15 de abril resuelve a favor de Juan Carlos Fuentes, estimando su recurso, y alegando que, "por mucho esfuerzo argumentativo de la resolución sancionadora, y del informe ante este tribunal no se acredita la concurrencia de una actuación dolosa por parte del hoy recurrente ya que la existencia de perjuicio, que se da por el hecho de la emisión de licencias incorrectas, no puede derivarse una responsabilidad objetiva, sino que dicha responsabilidad debe acreditarse y probarse en el seno del expediente".

El expediente disciplinario se inició el pasado mes de agosto de 2020 por la denuncia de tres entrenadores de un mismo club, ante el Comité Nacional de Competición y Régimen Disciplinario, denunciando haber sido dados de alta sin su conocimiento.

Tras la denuncia, el Comité de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) sancionó al presidente de la territorial balear por falsificación de datos en la licencia de competición o documentos necesarios para su expedición, imponiendo así la citada sanción de inhabilitación por dos años.

La presente resolución es definitiva por la vía administrativa y, contra la misma, la RFEP puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Madrid, en el plazo de dos meses desde su notificación.

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