La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) desahució a la concesionaria de Puerto Deportivo de Botafoch (PDB) alegando irregularidades que, al parecer, habría permitido a otros operadores del puerto de Ibiza. Así se desprende de una investigación realizada por el Periódico de Ibiza, en la que se establece una supuesta connivencia entre el ayuntamiento pitiuso y la APB para hacer la vista gorda sobre construcciones carentes de licencia municipal en la zona de dominio público portuario, concretamente en la concesión de la actual Marina Ibiza.

Periódico de Ibiza ha publicado una serie de informaciones, con sus respectivas portadas monográficas, en las que denuncia, entre otras cosas, la presencia de una decena de construcciones ilegales en el puerto de Vila y revela la diferencia de trato de la APB respecto al antiguo concesionario de Botafoch, al que denegó la opción de ampliar su concesión por irregularidades urbanísticas similares a las de su competidor.

Un portavoz de Puerto Deportivo Botafoch ha confirmado a Gaceta Náutica que su petición de “otorgamiento de prórroga y extensión de la concesión” estuvo acompañada de un proyecto para regularizar la situación de desorden urbanístico del puerto heredada del anterior gestor. Estas sobreocupaciones se habían ido produciendo durante años, “a ciencia y paciencia de la APB”, aunque nunca llegaron más allá “de alguna multa ocasional”.

“A raíz de la opción de prórroga temporal, desarrollamos un plan de regularización de todo lo que no estaba amparado por el título concesional, con  una doble propuesta: demoliciones parciales y dar cobertura al resto con autorizaciones temporales. Se presentaron los proyectos técnicos correspondientes y se solicitó de la propia APB su aprobación y bendición para proceder. Pero el silencio más absoluto se cernió sobre la petición y sus sucesivas reiteraciones”, recuerda el representante de Puerto Deportivo Botafoch, que exclama: “¡La APB esgrimió como motivo de denegación de la prórroga la existencia de irregularidades urbanísticas!”.

La empresa no guarda tampoco un buen recuerdo de la actuación del alcalde de Ibiza, el socialista Rafael Ruiz, quien, según afirma el portavoz de PDB, abogó siempre por un concurso abierto y “nunca se avino a retirar su oposición a la prórroga de la concesionaria”, a pesar de que ésta “desistió expresa y públicamente de la realización las actuaciones que no eran del agrado de la corporación municipal”.

El mayor reproche de Puerto deportivo Botafoch es, no obstante, hacia la Autoridad Portuaria de Baleares, entonces presidida por Juan Gual. “Consumió plazos que se contaban por anualidades para dar cumplimiento a trámites que se regulaban en un par escaso de líneas”.  Esta demora tuvo un coste de cerca de un millón de euros para la empresa finalmente ‘desahuciada’ del puerto.  

El agravio revelado por el  Periódico de Ibiza ha puesto sobre el tapete el expediente de Botafoch en un momento en que las actuaciones de los últimos años de la APB están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas, dirigidas por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, permanecen bajo secreto, pero se sabe que tratan de averiguar si hubo trato de favor hacia determinados concesionarios, en detrimento de otros, y si la APB habría forzado a algunos de sus ‘inquilinos’ a acometer obras y derribos fuera de ordenación o de manera extemporánea.