Juan Carlos Plaza dejará la dirección de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y será sustituido por el funcionario Jorge Nasarre, quien ya ocupará el cargo de director bajo la presidencia de José María Urrutia, en la primera etapa de la legislatura de José Ramón Bauzá (PP). El organismo portuario ha convocado un consejo de administración extraordinario el próximo martes para aprobar la destitución de Plaza y designar a su sucesor.
Plaza fue nombrado en 2013 y ha ejercido la dirección de la Autoridad Portuaria junto a los presidentes Alberto Pons y Juan Gual. En junio de 2020 fue detenido en el curso de la operación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga irregularidades en el puerto. En esta operación también fueron arrestados e imputados Juan Gual (destituido a los pocos días), el entonces vicepresidente Miguel Puigerserver y los funcionarios Armando Parada y Fernando Berenguer. El caso, casi un año después, sigue bajo secreto, por lo que no se ha podido saber qué cargos se atribuyen exactamente a Plaza y al resto de imputados, más allá del presunto amaño de las adjudicaciones de una pequeña marina en Menorca.
Francesc Antich, nombrado presidenta en sustitución de Gual, decidió mantener al equipo directivo, pero toda una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos meses le ha llevado a tener que prescindir de quien en circunstancias normales debería ser su mano derecha. El director cesado solicitó en diciembre el informe "extemporáneo" a la abogacía general del Estado que ha dado al traste -al menos de momento- con el expediente de renovación de la concesión del Real Club Náutico de Palma. Esta entidad no comprende que todas las marinas del puerto hayan visto ampliado el plazo de sus concesiones mientras su proceso se ha visro retrasaba durante cinco años, era sometido a toda suerte de cambios y culminaba con un dictamen que debió solicitarse al inicio del expediente.
Aunque formalmente aparece Antich como el responsable de la remodelación de la jefatura de la APB, es de general conocimiento que el organismo Puertos del Estado (Ministerio de Transportes y Movilidad) ha exigido cambios inmediatos para enmendar el rumbo de los puertos de interés general de Baleares, bajo sospecha de corrupción y con "fuegos activos" en todas las islas. Todos los expedientes importantes se encuentran paralizados. Además del caso notorio del Real Club Náutico de Palma, la APB no ha renovado la concesión de La Lonja del pescado y mantiene en precario o mediante autorizaciones temporales la explotación del Club Marítimo de Mahón y el Club Náutico de Ibiza, entre otros. Asimismo, tiene demandas en los tribunales por la dársena deportiva de Formentera y el muelle de superyates en Ibiza. A todo ello se añade un reciente dictamen -también de la Abogacía del Estado- según el cual la APB ha dejado fuera de concurso a decenas de licitadores por errores que eran perfectamente subsanables.
Juan Carlos Plaza se incorporará tras su cese a su puesto de funcionario en Portos de les Illes Baleares.
