El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha elegido la propuesta presentada por la empresa Marina Asmen S.L  como la solución más adecuada en el concurso público convocado para la gestión de puestos de amarre y de taller en el muelle de Poniente del puerto de Maó.

Esta concesión es una de las que está bajo sospecha y que desencadenó la operación de la Fiscalía Anticorrupción contra la cúpula del ente portuario y que se saldó con la detención de su por entonces presidente, Joan Gual de Torrella, que terminó siendo sustituido por Francesc Antich.

Marina Asmen S.L  ya gestionaba este espacio desde mayo de 2018 mediante una autorización administrativa temporal. Esta adjudicación fue cuestionada por el abogado del Estado Enrique Braquehais, miembro del Consejo de Administración de la APB, que posteriormente dejó su cargo.

El objeto del concurso, que se otorga por un plazo de dos años, es la gestión de instalaciones para el amarre de embarcaciones de recreo, amarre de embarcaciones de taller o de venta a flote y el suministro de agua y energía eléctrica, y opcionalmente telefonía y transmisión de datos.

La cuantía anual de la tasa de ocupación es de 100.548,74 euros y la tasa de actividad se ha fijado en el 4% del volumen del negocio. Por otra parte, Marina Asmen ha ofrecido una mejora de las tasas de 13.150 euros.

La concesión administrativa consta de una superficie total de 12.896 metros cuadrados (12.842 m2 de superficie de espejo de agua  y 54m2 en tierra). El muelle de Poniente contará con una línea de atraque de 273,15 metros, y cinco tramos de pantalanes de 50 metros cada uno.

En tierra cuenta con un recinto de 10 x 2,50 metros de acumulación de residuos en contenedores y una zona dotada de infraestructuras de apoyo y acometidas de electricidad, saneamiento y fontanería para la conexión a dos módulos prefabricados.