El pleno del Parlament de les Illes Balears tendrá que pronunciarse sobre la reducción de un 50% de las tasas de ocupación del espejo de agua de los puertos de interés general de las Islas, gestionados por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en nombre del Estado central, después de que la votación de la propuesta presentada por el Partido Popular en la Comisión de Medio Ambiente registrara el pasado miércoles un empate a seis.

La Proposición No de Ley (PNL), que pretende que el Parlament inste a la APB a reducir a la mitad los cánones que gravan los amarres en los puertos de Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y Formentera, fue defendida por la diputada del PP Virginia Marí.

Votaron a favor el PP, Proposta per les Illes (PI), Ciudadanos y Grupo Mixto, y lo hicieron en contra los representantes de Més, Unidas Podemos y PSOE, partidos que forman el equipo de gobierno. Vox no asistió a la sesión.

Virginia Marí expuso que la mayoría de puertos deportivos han sufrido pérdidas por la pandemia debido a que la temporada de 2020 sólo duro dos meses. Asimismo advirtió de la desaparición de empresas de chárter por no poder hacer frente al afán recaudatorio de la Autoridad Portuaria de Baleares.

La diputada del PP añadió que los puertos de interés general de Baleares son “una caja recaudadora para el Estado” y acusó directamente a la APB de “no hacer nada” por ayudar a sus concesionarios “en una situación crítica”. Reconoció que Ports IB, organismo que gestiona los puertos autonómicos, ha sido más sensible a la situación de la pandemia, al rebajar varias tasas, y concluyó su intervención diciendo: “Presentamos esta proposición a pesar de que sabemos que la Autoridad Portuaria seguirá haciendo y cobrando lo que le dé la gana”.

El diputado de Podemos, Pablo Jesús Jiménez, se hizo un lío y confundió la tasa objeto del debate con la de reparación y mantenimiento de embarcaciones, la cual ya había sido discutida en otra sesión, y optó por oponerse. Miquel Ensenyat, de Més per Mallorca, dijo estar de acuerdo en el fondo de la propuesta pero votó en contra por ser inaplicable con el actual reparto de competencias.  Maria Antònia Sureda, del PI, dio su apoyo a la PNL, aduciendo que las reducciones para ayudar a las industrias en crisis se pueden aplicar “siempre que haya voluntad”, mientras que el diputado del PSOE Damià Borrás aceptó que la APB “podría ser más sensible” pero negó que este organismo cobre las tasas de manera discrecional: “Se aprueban en el Parlamento nacional”.

Virginia Marí respondió a esta intervención diciendo: “Yo he estado en el consejo de Puertos y he visto esas votaciones; no me vengan con historias. Lo que pasa es que ustedes no se atreven a plantar cara a la gran APB. Esa es la realidad”.