1. Sigo con mucho interés la reforma del Moll de la Duana de Portocolom, pues estoy convencido de que dará que hablar en el futuro. No sé si existe algún precedente en el que los ingenieros de caminos, canales y puertos (que suelen ser personas poco dadas a aceptar consejos) tengan que someterse a las pautas de un «mestre marger». Estamos ante un caso paradigmático de nuestro tiempo: el político que pasa por el aro con tal de no tener que enfrentarse a la plataforma vecinal de turno. La cuestión de fondo es saber qué coste para el erario ha tenido ese «aro». A cuánto nos ha salido esta vez callar a los que siempre se quejan. 

2. Los pescadores de recreo tienen razón: no son de recibo las restricciones a las que están sometidos mientras se mantiene la pesca de arrastre. No hay que darle muchas más vueltas. Este es un asunto complicado para los políticos, que van a intentar estar a buenas con profesionales y aficionados, y en esa postura de tomar partido por ambas partes saldrán a relucir no pocas contradicciones. La gran novedad sobre este antiguo conflicto es que los recreativos se han unido en una plataforma (siguiendo, por cierto, el ejemplo de lo lobbys de la izquierda nacionalista) y no cabe descartar que pronto tengan más peso que los profesionales en la mente tacticista de los políticos. En cualquier caso, lo ideal sería que las reservas marinas sean integrales y estén vedadas a ambas flotas. Y que no se venda que se protege cuando en realidad no se hace.    

3. La salida de la fiscal Laura Pellón del caso APB supone, en principio, un alivio para los investigados. Su plaza en Anticorrupción no será cubierta y el asunto pasará a Juan Carrau, el fiscal que alcanzó el famoso acuerdo de conformidad con los imputados de Mar Blau, un caso que en cuestión de meses pasó de ser considerado  como una trama de «corrupción sistémica» e insondable a quedar reducido a unas cuantas penas simbólicas.