Cristina Barahona (Madrid, 1977) entró en la empresa pública Ports IB en 2017 como jefa de Sección de Obras y Proyectos y tres años después asumió la gerencia en uno de los ejercicios más complicados de la entidad debido a la pandemia. Esta ingeniera de Caminos, Canales y Puertos con la especialidad de estructuras tiene el reto de sacar adelante el Plan General de Puertos y gestionar la inversión de los 16 millones presupuestados en 2021, además de otros frentes como el traspaso de competencias de los campos de boyas.
Pregunta.– ¿Cuándo empezará la gestión de los campos de boyas?, ¿Se llevará acabo de forma directa o indirecta?
Respuesta.– Hemos empezado a redactar los proyectos para que se puedan gestionar en 2022, fecha final del contrato que actualmente tiene la empresa concesionaria con el Govern. En principio nos haremos cargo de los campos de Sa Foradada y Es Caló (Mallorca) l’Illa de l’ Aire Menorca) y Cala Vedella y Cala d’Hort (Ibiza). La gestión será pública a través de un contrato de servicios, no en formato concesión. De esta forma, Ports IB regulará los precios, las reservas se realizarán a través de nuestra web y nuestro personal velará por el cumplimiento de las condiciones del contrato, así como de aquellos campos que estén situados cerca de nuestras instalaciones. En los proyectos se determinará el número de boyas en función de la demanda y de las características de cada zona. Además estamos preparando las bases de uso donde se determinarán estancias máximas y otras reglas.
P.– Ahora los concesionarios de los campos de boyas no se hacen responsables de los daños de embarcaciones cuando sopla más de 10 nudos de viento. ¿Se va a mantener o ampliar este límite?
R.– Lo previsto es que se mantenga porque los campos de boyas no son zonas de abrigo, por lo que no nos podemos hacer responsables de lo que ocurra.
P.– ¿Cuántos amarres de gestión directa se concederán en 2021 a las personas en lista de espera?
R.– En estos momentos está bastante avanzada la adjudicación de los 15 amarres que teníamos disponibles en el Barcarés y 82 en Sant Antoni. También se ha iniciado el proceso de adjudicacion de 65 bases en Cala Bona, 4 en la Colònia de Sant Jordi, 58 en Fornells y 57 en S’Oberta. En breve, una vez que se hayan aprobado los planos de distribución, esperamos empezar con la adjudicación de 170 bases más entre Pollença, Porto Cristo y Sóller. En la distribución de los puertos intentamos dar cabida a la demanda de esloras. A fecha de hoy, la lista de espera se sitúa en 3.100 personas. La tramitación es larga y complicada: en ocasiones es difícil localizar a los interesados, confirmar su petición y reunir toda la documentación.
P.– ¿El Plan General de Puertos verá la luz antes de fin de año?
R.– Nuestra intención es iniciar una ronda de contactos con todos los sectores para dar a conocer el contenido, una vez se lleve a cabo su aprobación inicial y se abra el plazo de alegaciones.
P.– ¿Cómo se está ejecutando la inversión del presupuesto de Ports?
R.– Dotados con más de 16 millones, están en marcha los procesos de licitación de las obras de refuerzo del dique de Cala Rajada, de la fase 2 de la reforma de Fornells, así como la mejora del contradique de Andratx. También hay proyectos en ejecución o ya terminados, como la renovación de las pérgolas del Paseo Marítimo de Sant Antonio o la escalera que conecta aparcamiento y el muelle en Ciutadella.
P.– ¿Se ha logrado mejorar la gestión de las rampas públicas?
R.– Estamos trabajando en perfeccionar el control de accesos. Ahora mismo se testea con cámaras que detectan la matrícula con el objetivo de automatizarlo. Esto es posible gracias a que Ports IB forma parte del programa europeo Psamides para la implantación de nuevas tecnologías en los puertos.
P.– ¿Hay algún proyecto para ordenar los fondeaderos situados junto a puertos como el de la Colònia de Sant Jordi o Portocolom?
R.– La Dirección General de Costas tiene las competencias en este ámbito, salvo los que se encuentran en la denominada zona portuaria 2, que son de nuestra responsabilidad. En el Plan General hemos incluido algunas de estas ampliaciones de zonas 2 para poder regularlas o no permitirlas, según el caso. Algunas de estas zonas dan problemas en el canal de acceso al puerto, como es el caso de Porto Cristo o Portocolom.
P.– Las crisis llevan parejas situaciones de abandono de barcos. ¿Está resuelto legalmente este asunto?
R.– Sí, es un proceso de larga tramitación. En 2019, se recogieron en los puertos de gestión directa 10 pateras y 5 embarcaciones, mientras que en el periodo 2020-21 se han retirado 33 pateras y 5 embarcaciones y hay 3 más en marcha.
P.– ¿Está justificada la polémica que ha surgido por la reforma del muelle La Duana de Portocolom?
R.– Hemos llegado a un punto de consenso y esto es lo importante. Somos conscientes de que en Portocolom hay un gran movimiento social pero creo que se malinterpretó el proyecto. En ningún momento se contempló el cambio de usos ni de destrozar el patrimonio.
