Cianobacterias causadas por los vertidos contaminantes de la depuradora de Emaya en la Bahía de Palma.

Antoni Garcias, el juez que investiga si hubo prevaricación en la ausencia de expedientes sancionadores contra las depuradoras públicas que llevan años contaminando la Bahía de Palma, ha citado a declarar como testigos a todos los responsables de medio ambiente del ejecutivo autonómico desde 2003 hasta nuestros días. Esto incluye a políticos del PP, PSOE, Més y la extinta Unió Mallorquina, y abarca un periodo de 18 años en el que ningún gobierno regional ha procedido contra los vertidos de aguas residuales deficientemente depuradas al mar realizados por la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillados del Ayuntamiento de Palma (EMAYA).

El magistrado instructor ha fijado el lapso de tiempo objeto de la investigación judicial basándose en el registro histórico de vertidos contaminantes de Palma, que comienza precisamente en 2003. Hasta esa fecha se sabe que hubo numerosos casos, pero no se llevaba ningún control y es, por tanto, imposible determinar la antigüedad del desastre.

Según informó Gaceta Náutica hace exactamente tres años (en octubre de 2018), la Bahía de Palma llevaba acumulados entonces 1.544 episodios de vertidos y más de 9.950.332 de metros cúbicos, teniendo en cuenta que esta última variable se añadió a partir de 2011. La situación se produjo de manera reiterada y con parecida intensidad bajo gobiernos municipales y autonómicos de las formaciones cuyos altos cagos de Medio Ambiente deberán comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 7 los días 24 y 25 de octubre, con la obligación de declarar la verdad.

En la información de este diario antes citada se reflejaba el número vertidos y el caudal correspondiente a cada partido, pese a lo cual la Conselleria de Medio Ambiente y sus medios afines persisten en su empeño de presentar la investigación de este periódico y las denuncias de los navegantes como una campaña contra el partido Més per Mallorca. GN fue el primer medio que advirtió del carácter transversal del desastre ecológico provocado por las depuradoras en la Bahía de Palma. Las diligencias testificales acordadas ahora por el juez parecen ir en esa misma línea.

Los directores generales  llamados a declarar son Ventura Blach (PP), Josep Lliteres (UM) y David Abril (Més per Mallorca). También han recibido citación el actual jefe servicio Bernat Aguiló, y los directores generales de Territorio, Luis Corral, y de Paisaje, Magdalena Pons. Esta última es la firmante de un informe remitido al juzgado en el que se rechaza que exista «evidencia científica» sobre el efecto nocivo de los vertidos de aguas residuales sobre las praderas de posidonia. Esta tesis fue desmontada en un contundente dictamen del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, donde se atribuye a la contaminación de las depuradoras de Emaya la desaparición de unas 500 hectáreas de la planta protegida en la Bahía de Palma.

El caso vertidos se divide en dos piezas. En la primera se investiga un delito contra el medio ambiente, mientras que en la segunda –a la que se refiere esta información– se trata de determinar si la decisión de no multar nunca a Emaya, a pesar de las evidencias de que sus depuradoras estaban contaminando, fue «injusta a sabiendas» y constitutiva, en consecuencia, de un delito de prevaricación.

LA DENUNCIA

Esta causa se empezó a incoar a raíz de una denuncia de la Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN) ante la negativa de la Conselleria de Medio Ambiente a facilitar datos sobre el número de depuradoras sancionadas. Los usuarios del mar recurrieron primero a la Dirección General de Transparencia y posteriormente al juzgado, que consideró abrir una investigación al constatar que, efectivamente, no se había sustanciado ninguna multa contra EMAYA.

El informe del Seprona, solicitado por el juez,  señala que las administraciones públicas  –Govern balear y Ayuntamiento de Palma– sabían lo que estaba pasando  y conocían la situación de ilegalidad de algunas de sus instalaciones. Pero hicieron la vista gorda.

El dictamen policial, cuyo contenido fue revelado en primicia por Gaceta Náutica, se pronuncia sobre tres cuestiones: la contaminación provocada por vertidos de aguas residuales, el grado de conocimiento de las administraciones y la existencia, si la hubiere, de expedientes sancionadores. Los vertidos, concluye el Seprona, son letales para el medio ambiente, los poderes públicos lo saben desde hace décadas y, a pesar de ello, no ha sido multada una sola depuradora pública.

Este dato contrasta con las 212 propuestas de sanción por fondeos irregulares tramitadas el primer año de vigencia del decreto de protección posidonia. Esta normativa, celebrada como un gran logro del ecologismo local, ignora la problemática de las depuradoras y fija todas sus actuaciones sobre el uso del ancla, según consta la sentencia del TSJB que anula el régimen sancionador del citado decreto.

FUERA DE LA AGENDA

El asunto apenas ha tenido repercusión en la vida política regional. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento balear tan sólo ha dedicado en estos años un debate monográfico al caso vertidos. En la sesión, celebrada el 3 de marzo, los grupos de los partidos cuyos altos cargos han sido ahora citados por el juez se dedicaron a poner paños calientes y a argumetar que si no se arroja al mar, «la mierda saldrá por todas partes», en palabras del portavoz del PP, Miquel Vidal.

 En medio de este ambiente de no agresión, el actual conseller de Medi Ambient aprovechó su intervención para descargar en los técnicos la ausencia del multas a las depuradoras. «Que un expediente se tramite no depende del político de turno, sino del cuerpo administrativo», fue su respuesta a preguntas del diputado Jorge Campos (Vox), que había solicitado la comparecencia.

En otro momento de su intervención, Miquel Mir admitió que no es lo mismo dar solución al fondeo que a la cuestión de los vertidos, de mayor envergadura, e indicó que el inicio de un expediente sancionador lleva aparejado el cierre de la depuradora.