El Gobierno Central está desarrollando los mecanismos necesarios para hacerse cargo de la retirada de pateras en todo el territorio nacional con los costes administrativos y logísticos que conlleva. Esta decisión incluiría todas las embarcaciones irregulares utilizadas por las redes de tráfico ilegal de personas que llegan a las costas de Baleares.

Así lo ha expresado la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, en su respuesta a una misiva de la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, que denunciaba la acumulación desde hace años en el municipio de una treintena de pateras que iban amontonándose en el puerto de Cala Figuera. Según Delegación de Gobierno, esta solución coordinada se pondrá en marcha “a la mayor brevedad posible”.

En el caso de Cala Figuera, las pateras abandonadas se iban acumulando en la zona de Caló den Busquets hasta que finalmente el consistorio optó por transportarlas a un solar que ejerce como almacén municipal en las afueras del municipio para evitar molestias a vecinos y paseantes. El hecho es que ya se acumula cerca de una treintena de estas embarcaciones abandonadas sin que ninguna administración haya hecho nada por acabar con el problema.

El Ajuntament de Santanyí optó por trasladar las pateras abandonadas que se acumulaban en el Caló den Busquets.

Ports IB se ha hecho responsable durante el último año del traslado y desguace de las embarcaciones irregulares que llegan a los puertos autonómicos de gestión directa. Desde esta entidad concretan que desde principios de 2021 han gestionado la retirada de 70 pateras, lo que supone un gasto aproximado de 42.000 euros (unos 600 euros por cada patera). La responsable de Ports IB, Cristina Barahona, asegura que también se han retirado las pateras que han llegado al puerto de Cala Figuera pero que las que tiene el Ayuntamiento estaban en un área fuera de la zona portuaria.

Los datos no coinciden, pues la treintena de embarcaciones de las que ha tenido que hacerse cargo el consistorio parecen dar fe de que muchas han quedado fuera del procedimiento desarrollado por Ports IB para hacerse cargo de este problema.

Según los datos oficiales de Delegación de Gobierno, el año pasado llegaron a Baleares 164 pateras (109 a Mallorca, 17 a Ibiza y 38 a Formentera). No hay que olvidar que algunas de estas embarcaciones irregulares acaban en puertos gestionados por el Estado, como el de Ibiza o el de La Savina, en Formentera, sobre todo. Gaceta Náutica abordó el tema con datos exclusivos en el reportaje principal de la edición en papel del mes de febrero en un reportaje que también publicamos aquí.