El consejo de administración de Ports IB someterá a votación mañana jueves, 23 de febrero de 2023, el otorgamiento al Grupo IPM de las actuales instalaciones del Club de Vela del Port d’Andratx (CVPA). La propuesta, presentada por el conseller de Movilidad, Josep María Ribas, en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo que anula la concesión otorgada al CVPA en 2006, se debatirá en tres puntos incluidos en el orden del día de la reunión del consejo.

El primero busca una mayoría para iniciar el “procedimiento de reversión de los terrenos e instalaciones náuticas deportivas” del club, el segundo insta a la “adjudicación de la concesión administrativa para la construcción y explotación de amarres deportivos y de recreo a la entidad Iniciativas Portuaris Mirall de Mallorca, S.L.” (IPM) y el tercero hace lo propio con el “otorgamiento” de dicha concesión.

En el caso de que las tres proposiciones salgan adelante, algo que se da prácticamente por sentado, el Club de Vela perderá sus instalaciones portuarias, su sede social y los espacios donde desarrollan su actividad sus escuelas de vela y piragüismo, y sus equipos de regatas.

En el otro lado de la balanza, el Grupo IPM, del empresario Juan Antonio Riutord, verá incrementados sus dominios sobre el mapa portuario de Baleares, donde controla dos varaderos (Palma e Ibiza) y tres puertos deportivos (dos en Palma y uno en Ibiza). A los cerca de 2.000 amarres que ya gestiona, se pueden sumar desde mañana los casi 500 de Andratx, lo que convertirá a Riutord en el principal empresario de la náutica recreativa del archipiélago. Una de las empresas de su grupo, Varadero de Valencia, compite también por hacerse con la explotación de otros 117.000 metros cuadrados en el Moll Vell de Palma.

El Club de Vela Port d’Andratx, fundado en 1968, es una entidad sin ánimo de lucro cuya función principal es el fomento de los deportes náuticos. Al expirar su primera concesión, las instalaciones del CVPA fueron licitadas en 2002 mediante un concurso público. IPM, que por aquel entonces era una empresa desconocida en el sector náutico, concurrió a la convocatoria, pero el CVPA consiguió cuatro años después, en 2006, una nueva concesión por un periodo de 30 años. La empresa de Riutord impugnó el acuerdo del Govern balear y, tras un larguísimo proceso judicial, en 2017 obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo considero que había existido “desviación de poder” y que el concurso debio adjudicarse a IPM “por ser la suya la mejor oferta”.

La ejecución de la sentencia se ha demorado por espacio de seis años ante la imposibilidad material de adjudicar la concesión de acuerdo a las bases del concurso. El CVPA ha realizado a lo largo de los últimos 17 años inversiones que han incrementado el valor de los terrenos y que revertirán en IPM. A fin de resolver esta cuestión, el consejo de Ports IB espera poder aprobar mañana, como complemento de la adjudicación, la contratación de un estudio para el “reequilibrio económico-financiero” de la concesión. O lo que es lo mismo: determinar la cuantía de la indemnización que ha de percibir el Club de Vela por la pérdida de 13 años de explotación, además del coste de las obras que no podrá amortizar.