La regidora de Urbanismo de Palma y candidata a la alcaldía por el partido Més per Mallorca, Neus Truyol, guardó en un cajón durante dos años un plan de acción específico para revertir los vertidos de aguas residuales contaminadas a la Bahía de Palma. Lo hizo a sabiendas de que las depuradoras no cumplían ni de lejos con los parámetros legales establecidos y mientras la empresa pública Emaya, que entonces presidía, destinaba la mayor parte de sus esfuerzos a la renovación de los contenedores de residuos urbanos y a la implementación de un nuevo sistema de recogida de trastos. La omisión de actuar se produjo, además, tras haber pactado con la Fiscalía de Baleares el archivo de una primera investigación penal a cambio de poner en marcha el citado plan. 

Gaceta Náutica ha tenido acceso al escrito en el que el Ministerio Público solicita para Neus Truyol una pena de cuatro años de prisión por un delito de vertidos al mar. Dicho documento está fechado 1 de junio de 2022 y su contenido ha permanecido prácticamente inédito hasta este momento.  

La líder municipal del partido ecosoberanista se ha defendido públicamente aduciendo ser víctima de una causa «política». Algunos de sus compañeros de partido, como el diputado menorquín Josep Castells, han llegado al extremo de acusar al poder judicial de estar «podrido» por llevar adelante este proceso. 

La Fiscalía sostiene, bien al contrario, que Neus Truyol, en su condición de presidenta de Emaya, era «conocedora de que no se cumplían los niveles de nitrógeno y fósforo de los vertidos» y de que la empresa pública contaba con un plan de adaptación al sistema de saneamiento aprobado por su consejo de administración el 2 de junio de 2016. Sin embargo, la regidora «obvió la situación, no llevando a cabo conducta alguna para el desarrollo de dicho plan, ni tampoco con cargo a la recaudación obtenida a través del canon de agua».

Las primeras diligencias judiciales del caso Vertidos datan del 10 de mayo de 2016 y coinciden con la publicación en Gaceta Náutica, ese mismo mes, de las imágenes del emisario submarino de Ciudad Jardín arrojando al mar una gran cantidad de aguas deficientemente depuradas. Aquella primera investigación fue archivada al cabo de medio año, después de que la cúpula directiva de Emaya transmitiera a la Fiscalía su voluntad de corregir el problema «y de ejecutar un nuevo emisario conforme a la normativa vigente, asociado a una nueva depuradora». El carpetazo de la causa estaba supeditado, por tanto, a que la empresa municipal se pusiera manos a la obra a través del plan aprobado en el mes de junio. 

En agosto de 2018, la denuncia a título particular de un ciudadano -Santiago Fiol, antiguo presidente de la Federación Balear de Vela y que luego sería presidente de la Asociación de Navegantes- dio lugar a unas nuevas diligencias, las cuales se sumaron a otra investigación de la Fiscalía General del Estado iniciada contra varias ciudades costeras a instancias de un informe de la organización ecologista Greenpeace.

Afirma la Fiscalía de Medio Ambiente que las averiguaciones llevadas a cabo a raíz de la segunda denuncia revelaron que «en las fechas comprendidas entre los días 14 de noviembre de 2016 y el 17 de agosto de 2018 continuaron del mismo modo los vertidos de aguas no depuradas o deficientemente depuradas en la Bahía de Palma a través de tres aliviaderos y el emisario del Torrent Gros, careciendo de autorización administrativa para su funcionamiento».  

Emaya, en resumen, no cumplió su compromiso con la Fiscalía de «evitar o al menos minimizar» los vertidos, y la prueba es que la situación no había cambiado nada en los casi dos años que transcurrieron entre el reportaje de Gaceta Náutica que dio origen a la primera investigación y la denuncia que reactivó el asunto. 

Conspiración

El hecho de que Santiago Fiol fuese una persona ­allegada al PP sirvió a Truyol y al partido en el que milita de coartada para difundir la teoría de una “persecución política” que la descripción fáctica de la Fiscalía desmiente por completo. De hecho, la ahora candidata a presidir el Ayuntamiento de Palma gozó de un periodo de gracia para enmendar la situación que difícilmente le hubiera sido otorgado a cualquier otro ciudadano.   

El panorama que describe el Ministerio Público en su calificación es desolador. Asegura que la contaminación, en ese periodo, lejos de circunscribirse a «episodios accidentales», fue algo «habitual» y contribuyó, entre otras cosas, a la regresión de las praderas de posidonia oceánica, prácticamente desaparecida en las zonas de los vertidos «con alto contenido de coliformes y e.coli», así como de índices de nitrógeno y fosforo por encima de los niveles permitidos en el decreto de 1996 que regula la calidad de las aguas residuales.

El escrito de acusación reconoce que la situación dio un vuelco en cuanto Truyol abandonó el cargo de presidenta de Emaya y fue sustituida por Ramón Perpinyà. La Fiscalía reserva el último párrafo del relato de hechos para dejar constancia de lo siguiente: «En la actualidad, la entidad Emaya, con la nueva presidencia, está ejecutando importantes obras para la renovación de las redes de saneamiento, la construcción de un tanque de laminación y está realizando los trámites eficaces de financiación de la nueva depuradora».

Pinchazos telefónicos e informes periciales

El juicio contra Neus Truyol y el resto de la cúpula de Emaya todavía no ha sido señalado, pero la fiscal del caso ya ha solicitado las pruebas que deben aportarse a la vista. Entre ellas hay informes periciales del Instituto Geológico Español, el Instituto Español de Oceanografía y la Unidad Técnica de la propia Fiscalía de Medio Ambiente. También ha pedido que se escuchen una serie de conversaciones telefónicas transcritas en los folios 245, 249, 251 y 253 del sumario. El contenido de estos pinchazos que la acusación considera relevantes para sus tesis no ha trascendido a pesar de que la causa lleva mucho tiempo con el secreto levantado.

 Además de a la concejal Neus Truyol, la Fiscalía ha pedido que se juzgue en este mismo proceso a la ex gerente de Emaya, Inmaculada Mayol, para quien reclama tres años de prisión, y a dos técnicos vinculados al ciclo del agua, que se enfrentan cada uno a dos años de cárcel. A todos ellos se les imputa un delito de comisión por omisión de vertidos al mar. Las defensas sostienen que los vertidos ya existían antes de la llegada de Truyol a la presidencia de Emaya y que los acusados hicieron lo que pudieron para ponerles freno.

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