Giro mediático del Caso Puertos en plena época preelectoral. La juez ha decidido citar a declarar como investigado, lo que anteriormente se conocía como imputado, al alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz.
La juez que instruye el caso, Martina Mora, ha escuchado la petición de la acusación particular, representada por el Club Básico 12 Millas, que solicitaba que Ruiz pasara a ser considerado como investigado por su participación en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, APB, y su actuación en relación a la concesión del Club Náutico de Ibiza, que constituye una de las piezas del Caso Puertos.
La providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que lleva el caso, precisa que Rafa Ruiz declarará como investigado el próximo 21 de junio. La juez explica que Rafa Ruiz será escuchado como investigado “en aras a garantizar sus derechos constitucionales de defensa”. El texto señala en concreto que “de las manifestaciones recogidas en actas del consejo de administración y de comunicaciones intervenidas, se desprenden indicios de que su actuación puede no haberse limitado a un acompañamiento impune a la decisión presuntamente prevaricadora y/o fraudulenta que se investiga”.
La entidad Club Básico 12 Millas, personada como acusación particular en el caso Puertos que investiga un presunto trato de favor en la adjudicación del Club Náutico de Ibiza, había interesado la imputación del alcalde de Ibiza, y del ex presidente de Puertos del Estado y ex consejero de la APB, José Llorca, por su presunta participación en los hechos. Llorca mantiene tras la nueva providencia su calificación como testigo.
Club Básico 12 Millas está siendo objeto de investigación en la misma pieza judicial. Uno de sus socios y fundadores, Javier Enríquez, aparece en ella como imputado. La Guardia Civil sospecha –y así se lo ha hecho saber a la juez en un informe– que los responsables de esta empresa habrían solicitado dinero al Club Náutico de Ibiza a cambio de retirar los contenciosos interpuestos contra su concesión. La Benemérita señalaba en este punto la supuesta intermediación de un antiguo miembro de la Fiscalía de Baleares.
