La sección primera de la Audiencia Provincial archiva el caso vertidos en el que la Fiscalía había pedido una pena de cuatro años de cárcel para Neus Truyol, actual regidora de Urbanismo y ex presidenta de Emaya, por los vertidos de aguas contaminantes al mar en la Bahía de Palma.

Neus Truyol presentó recurso de apelación contra la continuación de los trámites por el procedimiento abreviado determinados por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma para juzgar a la regidora por los vertidos contaminantes al mar, recurso que ahora ha sido estimado.

La Audiencia Provincial determina ahora que la competencia para actualizar la depuradora Palma II, punto clave en los vertidos por su total obsolescencia, “es exclusiva del Estado, de lo que se deduce que la empresa Emaya carecía de competencia, financiación y medios para construirla o realizar una remodelación integral”.

En concreto, el auto de la Audiencia Provincial precisa que “durante la instrucción no se ha acreditado indiciariamente que la empresa Emaya tuviera competencias ni autonomía para realizar las infraestructuras requeridas para evitar los vertidos a la Bahía de Palma que son objeto del presente procedimiento. Asimismo, tampoco consta que desde la empresa haya existido una total omisión de iniciativa o actuaciones para que las administraciones competentes autoricen, financien, aprueben o ejecuten los proyectos citados”.

Las primeras diligencias judiciales del caso Vertidos datan del 10 de mayo de 2016 y coinciden con la publicación en Gaceta Náutica, ese mismo mes, de las imágenes del emisario submarino de Ciudad Jardín arrojando al mar una gran cantidad de aguas deficientemente depuradas. Aquella primera investigación fue archivada al cabo de medio año, después de que la cúpula directiva de Emaya transmitiera a la Fiscalía su voluntad de corregir el problema «y de ejecutar un nuevo emisario conforme a la normativa vigente, asociado a una nueva depuradora». El carpetazo de la causa estaba supeditado, por tanto, a que la empresa municipal se pusiera manos a la obra a través del plan aprobado en el mes de junio. 

En agosto de 2018, la denuncia a título particular de un ciudadano -Santiago Fiol, antiguo presidente de la Federación Balear de Vela y que luego sería presidente de la Asociación de Navegantes- dio lugar a unas nuevas diligencias, las cuales se sumaron a otra investigación de la Fiscalía General del Estado iniciada contra varias ciudades costeras a instancias de un informe de la organización ecologista Greenpeace.

Afirma la Fiscalía de Medio Ambiente que las averiguaciones llevadas a cabo a raíz de la segunda denuncia revelaron que «en las fechas comprendidas entre los días 14 de noviembre de 2016 y el 17 de agosto de 2018 continuaron del mismo modo los vertidos de aguas no depuradas o deficientemente depuradas en la Bahía de Palma a través de tres aliviaderos y el emisario del Torrent Gros, careciendo de autorización administrativa para su funcionamiento».