El grueso de la investigación del caso Puertos seguirá bajo secreto durante al menos un mes. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, ha decidido prorrogar el cerrojazo del sumario por trigésimo novena vez desde el mes de mayo de 2020. Aduce que, pese a que en breve se cumplirán tres años desde la intervención de la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares y de la detención de su entonces presidente, Juan Gual, persiste el riesgo de que las personas investigadas puedan destruir pruebas.
La jueza Mora asegura, en un auto dictado el pasado 7 de julio, que los imputados en la causa “mantienen contacto directo y reciben información de organismos” a los que el juzgado ha solicitado datos, así como que los testigos interrogados en las dos piezas cuyo secreto está levantado han mostrado “oscurantismo, hermetismo corporativo y nula colaboración en la investigación”.
“Todo lo anterior -añade la magistrada- corrobora que, al menos por lo constatado hasta la fecha, no existe otra vía de investigación útil y eficaz para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos que el análisis policial previo de la documentación intervenida (…), ya que, una vez levantado el secreto, es esperable que cualquier vestigio relevante no incautado se haga desaparecer”.
Asimismo, la instructora no descarta ordenar, en función de un informe que se encuentra en fase de elaboración, el registro forzoso de “determinadas sedes” que no fueron intervenidas en su día para la obtención de una documentación que corre el riesgo de ser objeto de “destrucción y/o manipulación”.
LA DEFENSA ALEGA INDEFENSIÓN
La defensa de Juan Gual, ejercida por el letrado Eduardo Valdivia, insiste en que la prolongación del secreto sumarial por un periodo superior a los tres años produce indefensión de los imputados, es contraria a la Constitución y viene a demostrar que el caso Puertos es una “investigación prospectiva” en la que ni la juez ni la Guardia Civil saben muy bien qué buscan.
En un nuevo recurso contra la prórroga del secreto de sumario, Valdivia señala que los investigados en el caso Puertos “no tienen por qué soportar las deficiencias sistémicas de la Administración de Justicia o de las unidades de policía judicial, ni la escasez de recursos a los que alude el auto (…), ni, en suma, las consecuencias de unos registros indiscriminados y prospectivos como los llevados a cabo en el mes de julio de 2020”.
Gran parte del auto de prórroga del secreto de sumario reproduce párrafos de otros dictados con anterioridad. En uno de estos fragmentos se hace referencia a la necesidad del uso de “instrumentos coercitivos previstos en la norma procesal” por la falta de colaboración de organismos obligados a facilitar la labor de la Administración de Justicia. El juzgado solicitó, en los meses de abril, mayo y junio de 2021, la cooperación de una entidad “internacional”, pero la respuesta no ha llegado “en su totalidad” al cabo de más de dos años.
DOS PIEZAS CONOCIDAS Y MUCHO MISTERIO
El caso Puertos investiga la existencia de prevaricación administrativa en varios concursos públicos convocados por la Autoridad Portuaria de Baleares en la etapa en la que Juan Gual fue su presidente por designación de la ex presidenta balear, Francina Armengol. Están imputados, además de Gual, el que fuera su vicepresidente, Miguel Puigserver, y el entonces director del ente, Juan Carlos Plaza, además de los técnicos Armando Parada y Fernando Berenguer.
La jueza ha decidido acumular en un solo procedimiento las pesquisas relativas al presunto amaño de los concursos de los pantalanes de Asmen (Menorca) y del Club Náutico de Ibiza, las únicas cuyo secreto ha sido levantado. Ha trascendido de manera oficiosa que se están realizando también indagaciones sobre la obra del Club Marítimo del Molinar, la adjudicación de una zona para actividades no relacionadas con la náutica de recreo en el Puerto de Alcudia y la demolición de los edificios situados frente a la sede de la Lonja del Pescado.
