El Govern balear pondrá en conocimiento de la Fiscalía la frustrada operación de compra de un edificio de lujo con dinero procedente, en parte, de las arcas de Ports IB. La adquisición del inmueble, según ha revelado hoy la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal Crespo, se habría llevado a cabo por parte del anterior gobierno en funciones contra la voluntad del vendedor (la promotora Metrovacesa), sin tener en cuenta los informes desfavorables de los técnicos y a sabiendas de que iba a suponer un sobrecoste de 10 millones de euros para las arcas públicas.
El nuevo Ejecutivo ha anunciado hoy que desiste de la compra de los 88 pisos “de lujo” y que trasladará el expediente a la Fiscalía “para que aprecie si existen indicios de delito”. También ha informado, por boca de su vicepresidente, Antoni Costa, de que encargará una auditoría de la gestión del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) e iniciará el procedimiento para retornar los 17 millones de euros detraídos de Ports IB.
La transferencia de esta cantidad fue ordenada por la ex consellera de Hacienda del Pacte, Rosario Sánchez, pero el dinero nunca llegó a salir de la cuenta corriente de la empresa pública portuaria, según ha explicado Costa. Gaceta Náutica informó el pasado 11 de julio de que la operación había sido abortada por los técnicos de Ports IB, que se negaron a autorizar el traspaso del dinero de su cuenta a la del IBAVI sin la autorización previa del consejo de administración del citado organismo.
El intento de comprar la promoción de Metrovacesa se llevó a cabo en virtud del derecho de tanteo y retracto del Govern. El Pacte, que se encontraba en funciones tras las elecciones del 28-M, trató de ‘vender’ la operación como una respuesta a la “emergencia habitacional” en Baleares. La realidad, sin embargo, era que los pisos de Metrovacesa no reunían los requisitos para ser considerados de protección oficial y su coste de 3.709 euros por metro cuadrado superaba en un 40% el límite establecido para este tipo de vivienda (2.060 euros). El IBAVI pretendía, además, destinar 400.000 euros adicionales a transformar la piscina de la promoción de lujo en un aljibe, según consta en el expediente
Marta Vidal ha considerado, en el transcurso de una rueda de prensa monográfica sobre este asunto celebrada esta mañana en la sede de la Conselleria de Vivienda, que la operación es “nula de pleno derecho” por carecer de los preceptivos informes jurídicos y de la memoria justificativa, además de suponer “una vulneración del uso de los recursos públicos”, dado que la premura en cerrar la compraventa hubiera supuesto el pago del IVA al 21% en lugar de al 10%.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que el Pacte siguió adelante con la tramitación del expediente a pesar de que un juzgado de lo contencioso de Palma había aceptado el 26 de junio su suspensión cautelar a instancias de Metrovacesa, que se oponía a la compra por el procedimiento del tanteo. Tanto es así que el Govern en funciones liderado por Francina Armengol convocó el 30 de junio a los responsables de esta empresa para que acudieran a firmar la compraventa ante notario el 5 de julio, un día antes de la investidura de Marga Prohens como nueva presidenta del Govern. Los representantes de la promotora, como es lógico, se negaron a asistir.
El Ejecutivo actual sostiene que se ha visto obligado a frenar la operación debido a su “arbitrariedad”, a la “falta de aval jurídico” y, en general, a las “graves irregularidades” detectadas.
Preguntado por este medio, Antoni Costa no ha querido valorar las razones que pudieron llevar al anterior Govern a actuar de esta manera. “No sabemos por qué hubo tanta prisa en cerrar esta compra, aunque parece que se trata de una decisión política”, ha manifestado el vicepresidente balear, quien ha confirmado que no será necesario hacer ningún movimiento bancario para que Ports IB recupere los 17 millones, ya que la transferencia no llegó a realizarse a nivel de tesorería, sino únicamente de presupuestos.
Gaceta Náutica reveló en primicia el 28 de junio el desvío de los fondos de la náutica balear, recaudados por la empresa pública Ports IB, a la adquisición del edificio de lujo. En dicha información ya se concretó que los pisos no estaban calificados como VPO, que su precio superaba con creces el de unas viviendas sociales y que los técnicos y una gran parte de los consejeros de Ports IB -los que aceptaron pronunciarse- se oponían a la descapitalización de esta empresa pública. La noticia provocó la reacción indignada de los empleados de Ports IB, que calificaron de ‘esquilmada’ el desvío de capital y recordaron que son los peor pagados de la función pública balear.
La respuesta del PSOE a las irregularidades denunciadas por la consellera Vidal y el vicepresidente Costa ha sido acusar al PP de “atacar a la vivienda pública y favorecer a los fondos buitre en contra de las familias”.
