La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, ha pedido a la Oficina de Análisis e Investigación de la Guardia Civil (ODAIFI) que identifique a uno o varios trabajadores de Puertos que supuestamente habrían ocultado información relevante sobre la concesión de las tiendas libres de impuestos de la estación marítima de Palma, asunto por el que han sido imputados Juan Gual y Miguel Puigserver, ex presidente y ex vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), respectivamente.

En una providencia dictada el pasado 19 de diciembre, la juez del caso Puertos ordena localizar a la “concreta persona” que negó la existencia de una Autorización de Ocupación Temporal a favor de la empresa SGM Retail (investigada por presunto fraude fiscal) y no facilitó a los investigadores del caso la documentación relativa a la tramitación de los permisos del duty free de la Estación Marítima. También ha solicitado que se ponga nombre al responsable de la APB que declaró ante la Guardia Civil no disponer de unos determinados papeles aduciendo que éstos habían sido intervenidos en el registro realizado el 24 julio de 2020.

La juez recuerda que debería existir una copia digital y que los funcionarios o trabajadores están obligados a colaborar con la Justicia: “Se interesa que se dé cuenta del resultado de lo anterior a la mayor brevedad posible, especialmente en caso de ser precisa la adopción de medidas coercitivas por incumplimiento de las obligaciones legales”.

No obstante, la providencia también reclama al Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil -el que llevó a cabo el registro de la sede de la APB- que “proceda a comprobar si dentro de la documentación intervenida se encuentra el documento relativo a la AOT” e informe del resultado a la ODAIFI y al propio juzgado. Esto último revela que la investigación de esta pieza separada del caso Puertos ha recaído en la Oficina de Análisis del Instituto Armado, en lugar del equipo que inició las pesquisas hace más de tres años.

Un auto del Juzgado de Instrucción número 3 fechado el 29 de noviembre de 2023 sostiene que Juan Gual habría hecho uso de la prerrogativa presidencial que le permitía conceder directamente autorizaciones de ocupación temporal para beneficiar a su directivo y “amigo personal”, Miguel Puigserver, en plena pandemia y a sabiendas de que la empresa favorecida, SGM Retail, S.L, dedicada a la explotación del duty free de la Estación Marítima, carecía de actividad en aquel momento. Fuentes de la APB han asegurado a Gaceta Náutica que no existe en sus archivos constancia documental de la que la citada AOT llegara a concederse y que en ningún caso se ha pretendido entorpecer la investigación.

Puigserver participa en SGM Retail a través de la empresa Mediterránea 2000 de Limpiezas y Servicios, S.L., propietaria de la mitad de la sociedad. El otro 50% corresponde a la maltesa Salvo Grima Group Limited, especialista en la distribución de alimentos, productos del cuidado del hogar, higiene personal, artículos de papelería y tabaco.

Los responsables de Salvo Grima han sido llamados a declarar en calidad de investigados, así como otros directivos de SGM Retail.

Además del supuesto amaño de la concesión, el Juzgado investiga actividades supuestamente delictivas de SGM Retail. Dicha sociedad, de acuerdo siempre con el auto, carecía de autorización para la realización de numerosas operaciones de venta exentas de IVA que habrían quedado acreditadas en el curso de la investigación realizada por la ODAIFI. Un informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) cifra en aproximadamente 480.000 euros la cantidad defraudada por SGM Retail en el ejercicio de 2015.

Los investigadores han constatado, en síntesis, que el duty free explotado por SGM Retail en el puerto de Palma estuvo operando de manera continuada sin el preceptivo control aduanero y que para ello llevaba presuntamente una doble contabilidad, conclusión a la que llega la juez de instrucción “tanto por el contenido de las llamadas intervenidas como a la vista del análisis de cuentas realizado en los informes de la AEAT”.

Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública por fraude de IVA, castigado con penas de hasta 5 años de prisión, “sin perjuicio de otros ilícitos instrumentales que se puedan acreditar cuando se acceda a la contabilidad real”.

El caso Puertos se encuentra actualmente en fase de instrucción. Esta información se basa en una providencia y en el contenido del auto de levantamiento parcial del secreto de sumario de una de las piezas que lo componen. Todas las personas y entidades referidas conservan, por tanto, su plena presunción de inocencia.