El Consejo de Administración de Ports IB acordó en su reunión del pasado martes rechazar la mayoría de alegaciones presentadas por la empresa IP3M contra la división en dos partes de la concesión del actual Club de Vela de Andratx, si bien aceptó que dicha sociedad se quede con 1.597 m² adicionales que incluyen la piscina, la terraza y el restaurante del club. También admitió que la superficie para sus amarres se amplíe hasta 25.384 m² y fijó un canon anual de 5.092.778 euros, como resultado del reequilibrio económico financiero para ajustar las condiciones de la licitación original de 2002 (anulada por el Tribunal Supremo) a la realidad de 2023, según han informado a Gaceta Náutica fuentes de la Conselleria del Mar.

El documento de contestación validado por el consejo de Ports IB, empresa pública que gestiona los puertos deportivos autonómicos, aborda las alegaciones de IP3M a la propuesta de adjudicarle la parte del puerto de Andratx objeto de licitación en 2002, la cual no se corresponde con la superficie actual de las instalaciones.

 Ports IB, tras analizar las objeciones de IP3M, concluyó que el puerto ha sufrido importantes transformaciones, fruto de inversiones considerables, lo que ha hecho necesario un “reequilibrio concesional”.  El valor de la instalación ha aumentado significativamente debido a las mejoras en las infraestructuras y al crecimiento experimentado por el sector náutico a lo largo de las dos últimas décadas; de ahí que IP3M, a juicio del consejo, no tenga derecho a quedarse con la totalidad de lo que hoy es el Club de Vela de Andratx, que conservaría temporalmente (hasta la convocatoria de un nuevo concurso) 94 amarres destinados a la náutica social (8.896 m²) y una superficie el desarrollo de actividades náuticas.

IP3M no ha visto aceptadas sus alegaciones en cuanto a la supresión de la aportación a la náutica social, que Ports IB se reserva para un futuro concurso a partir de la premisa de que se trata de una función propia de un club náutico o una asoción deportiva, y no de una marina, y a la prohibición de ceder amarres por más de un año.

La posición de Ports IB es tajante dos aspectos: los amarres no se pueden ‘vender’ y la concesión, que se otorga por un periodo de 14 años, no se puede prorrogar.