El Govern balear está decidido a sacar a concurso los amarres de chárter de sus puertos de gestión directa. La empresa pública Ports IB, que ejerce su competencia sobre las instalaciones náuticas autonómicas, ya está trabajando en la elaboración de unas bases para licitar las plazas ocupadas por “varios centenares” de embarcaciones de Lista 6ª de pequeña eslora, según ha podido saber Gaceta Náutica. El objetivo es adjudicar los puestos de atraque a partir de 2026, una vez concluidos los contratos vigentes, por plazos no superiores a cuatro o cinco años.

Esta iniciativa, impulsada por la Conselleria de la Mar, supone un cambio radical respecto al sistema que se viene aplicando desde hace décadas en Baleares, donde los derechos de amarres de chárter se renuevan mediante autorizaciones anuales. El Govern entiende que este método no garantiza la libre concurrencia e impide que corra la lista de espera de empresas demandantes.

Los pliegos del concurso se inspiran en el proceso llevado a cabo con las rampas de varada de Ciutadella. En ese caso, se licitaron cinco lotes de seis embarcaciones comerciales con un canon mínimo de 9.000 euros. Tras la puja, una empresa consiguió adjudicarse uno de los lotes por un precio de 19.000 euros y otra tuvo que elevar la oferta hasta los 35.000. La propuesta económica representaba el 80% de la puntuación. Ports IB ingresará 148.772 euros (IVA incluido) por este concepto.

Ports IB, de acuerdo con la información recabada por GN, quiere extender esta regulación al resto de rampas públicas de Baleares en 2025.

Fuentes del sector observan con recelo ambos procesos y se reservan su opinión para el momento en que se hagan públicas las bases de ambos concursos en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). “No acabo de entender la necesidad de tanto cambio si no son capaces de administrar lo presente. Quizás lo que pretenden es ahorrarse el trabajo de otorgar las solicitudes anuales”, apunta uno de los empresarios que podrían verse afectados por la licitación de los amarres de Lista 6ª.

El Govern recalca que el procedimiento de concurrencia se activará únicamente para los puertos de gestión directa, no así las marinas ni los clubes náuticos, que se rigen por las condiciones estipuladas en su concesión. La Capitanía Marítima de Mallorca se ha interesado por la situación contractual de la Lista 6ª en estas instalaciones y la respuesta del Govern ha sido que “lo que no está prohibido está permitido” y, por tanto, no cabe considerar que lo que se haga en los puertos explotados directamente por la administración deba extenderse a las concesiones.

A este cambio de política respecto a los amarres de chárter y las rampas se suma la pretensión del Gobierno central de acabar con las listas y dividir la totalidad de la flota en barcos privados y comerciales, dejando abierta la posibilidad de que las naves de particulares puedan arrendarse durante tres meses al año. En caso de que la Dirección General de la Marina Mercante decidiese aplicar esta medida en Baleares al inicio de la temporada alta de 2025, la administración autonómica se vería en la necesidad de establecer un criterio para determinar qué amarres son de base y cuáles de chárter y, en consecuencia, susceptibles o no de salir a concurso.  

Entretanto, los dos organismos gestores de puertos en Baleares (la estatal APB y la autonómica Ports IB) están siendo emplazados por empresas interesadas en operar en el sector náutico y marítimo a aplicar un criterio unificado para todas las actividades comerciales. Esto significaría tener que abrir los procedimientos de libre competencia también al sector de las excursiones turísticas, algunas de cuyas empresas ocupan amarres públicos a precios simbólicos.