La noticia adelantada ayer en exclusiva por Gaceta Náutica sobre la convocatoria de concursos públicos para la concesión de amarres de Lista 6º y el uso de rampas en los puertos de gestión directa de la comunidad autónoma ha aparecido publicada hoy en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Se confirma así que el actual sistema de autorizaciones renovables con carácter anual dejará de estar vigente a partir de 2026, en cuanto Ports IB, el organismo que gestiona los puertos autonómicos, disponga de unas bases para licitar las plazas. La medida afectará a varios centenares de amarres de embarcaciones comerciales y a todas las rampas ubicadas en instalaciones no concesionadas de Baleares. Las marinas y los clubes náuticos quedan fuera de esta nueva regulación.

El Govern alega que el objetivo de los concursos es “fomentar la competencia y optimizar la gestión económica bajo los principios de publicidad y libre concurrencia”, pero algunas empresas y autónomos del sector ya han empezado a alzar la voz contra esta nueva política de Ports IB. Creen que supondrá la ruina de pequeños negocios que llevan años generando empleo sin dar ningún problema.

La principal oposición se ha organizado de momento en el Port de Sóller, donde un grupo de empresas dedicadas a actividades como el chárter, el buceo recreativo o la formación de apnea alertan de las consecuencias perversas que tendrán las licitaciones públicas si, como ha ocurrido en el caso de las rampas de Ciutadella (Menorca), la administración convocante otorga un 80% de la puntuación a la oferta económica o se establecen lotes mínimos de embarcaciones.

“Los que tenemos un número inferior de barcos tendremos que cerrar nuestros negocios, ya que en el caso de Sóller no disponemos de otra rampa. Aquí somos un grupo de empresas y autónomos que llevamos muchos años operando y compitiendo sin la menor conflictividad. No es verdad que esto mejorará la competencia; ocurrirá lo contrario: vendrán empresas de fuera con un alto poder adquisitivo para adjudicarse los derechos de botadura y los pequeños tendremos que cerrar”, se lamenta uno de los empresarios tras leer la información publicada ayer por GN.

El grupo de damnificados de Sóller hace meses que ve venir con temor la extensión del concurso de Ciutadella al resto de rampas de Baleares, a lo que ahora se añaden los amarres de Lista 6ª. El pasado 12 de abril, a las puertas de la temporada alta de 2024, se dirigieron por carta a Ports IB para “abordar algunos aspectos relevantes” de cara a “asegurar una transición suave hacia futuras regulaciones y garantizar la viabilidad de nuestras operaciones comerciales”. Al cabo de la misiva, los 21 firmantes pedían una reunión con el Govern y anticipaban “una respuesta positiva y constructiva”. Según afirman, la carta nunca obtuvo respuesta.

El procedimiento de la rampa de Ciutadella, en el que Ports IB parece querer inspirarse para la nueva regulación de la flota comercial en sus instalaciones de gestión directa, subastó cinco lotes de seis embarcaciones. Concurrieron seis empresas, de las que sólo una quedó descartada. Las ofertas económicas de los negocios que resultaron finalmente adjudicatarios oscilaron entre los 19.000 y los 35.000 euros. La fórmula de selección se basó en los siguientes criterios: oferta económica (80 puntos), memoria de explotación (10), antigüedad de las embarcaciones (5) y ubicación del lugar de custodia de la embarcación (5).

El acuerdo del Consejo de Administración de Ports IB que autoriza el inicio del procedimiento de adjudicación mediante concurso establece un régimen transitorio para la temporada 2025 donde se prevé la ampliación del sistema de solicitudes con preferencia a las personas físicas o jurídicas que hayan dispuesto de una autorización en 2024.

La duración del permiso será del 1 de junio al 30 de septiembre de 2025 y la petición deberá haberse cursado entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este año. Cualquier nueva solicitud de autorización para actividades comerciales de alquiler de embarcaciones o actividades acuáticas presentada desde el 8 de octubre -fecha del acuerdo del Consejo- será denegada, salvo que corresponda a las solicitudes de preferencia mencionadas anteriormente. Esto tiene como objetivo evitar nuevas concesiones mientras se establece el nuevo régimen y “garantizar que las autorizaciones se otorguen de manera justa y reglada”, señala el BOIB.