La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) exige contar con un volumen de negocio superior a los 10 millones de euros en al menos uno de los últimos cinco ejercicios o acreditar un patrimonio neto de 5 millones para poder acceder al concurso de gestión del puerto deportivo de Botafoch. La licitación, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el pasado 12 de diciembre, corresponde a una autorización ocupación temporal por un periodo de tres años mientras se tramita el Plan Especial del Puerto de Ibiza, a partir de cuya aprobación se podrá realizar una adjudicación por un plazo mayor.

El órgano que gestiona los puertos de interés general de Baleares deja claro con estos pliegos que quiere seleccionar al futuro concesionario de Botafoch entre empresas con un gran potencial económico.

En cuanto a la experiencia requerida, reflejada en el capítulo sobre la solvencia técnica y profesional, la licitación se circunscribe a un número de sociedades también muy reducido, ya que los concursantes deberán acreditar que han gestionado un puerto deportivo con un mínimo de 350 amarres durante tres de los últimos cinco años, con al menos 20 embarcaciones de 20 metros.

Esta cláusula deja fuera de la competencia a firmas ajenas al sector portuario, pero también a otras que tienen un importante bagaje en la explotación de puertos y, sin embargo, no alcanzan la cifra de amarres o llevan un lustro fuera del mercado. Asimismo, los pliegos vetan a sociedades cuyo director de puerto no haya trabajado de acuerdo con las anteriores condiciones en los tres últimos años.

El puerto de Botafoch, cuya superficie autorizada incluye 97.417,30 m² de dominio público portuario, se compone de 54.427,10 m² de espejo de agua y 42.990,20 m² de superficie terrestre. Actualmente, cuenta con 432 puestos de amarre distribuidos en cinco pantalanes, junto a una zona de varadero y varias edificaciones destinadas a locales comerciales. Entre las instalaciones también se incluye una estación de suministro de combustibles. El nuevo adjudicatario asumirá la gestión integral de estos espacios, incluyendo el mantenimiento, conservación y limpieza de las infraestructuras, así como la prestación de servicios obligatorios como el suministro de agua y electricidad, la recogida selectiva de residuos y la vigilancia de las instalaciones.

El proceso de licitación también impone condiciones específicas sobre la sostenibilidad y la eficiencia. Los pliegos exigen la instalación de puntos de carga eléctrica en al menos el 2% de los amarres, además de mejoras en la infraestructura existente para optimizar los niveles de servicio. Las inversiones propuestas deben ser desmontables, ya que la naturaleza temporal de la autorización no permite realizar cambios estructurales significativos en el puerto.

Otro aspecto relevante es la reserva de espacios para usos específicos. De los 432 amarres, 23 estarán destinados al uso exclusivo de la Autoridad Portuaria para embarcaciones vinculadas a servicios marítimos, mientras que otros 100 puestos serán reservados, entre mayo y octubre, para embarcaciones de chárter, con el objetivo de atender la alta demanda de este tipo de servicios durante la temporada alta en Ibiza. Además, se priorizará la atención a las embarcaciones que ya se encuentren amarradas en la instalación y cumplan con los requisitos de base definidos en los pliegos.

En cuanto a las instalaciones comerciales, el futuro gestor deberá negociar y formalizar contratos con los actuales ocupantes de los locales que acrediten una antigüedad superior a un año en la explotación de dichos espacios. Por último, será responsable del mantenimiento integral de las edificaciones, incluidas las zonas comunes y las servidumbres de paso, así como de garantizar la seguridad y la limpieza de las áreas destinadas a actividades comerciales.