Parece que la Autoridad Portuaria de Baleares ha tomado buena nota de las reflexiones de nuestro colaborador Oscar Siches en su artículo del mes pasado. En aquella ocasión, Oscar reclamaba la necesidad de exigir un bagaje profesional y empresarial contrastado para optar a las licitaciones de las infraestructuras portuarias de nuestras islas. Y, curiosamente, este mes leemos que el concurso para la autorización temporal de la marina de Botafoch incluirá requisitos que apuntan en esa misma dirección: solo podrán presentarse empresas que acrediten la gestión de al menos 350 amarres en los últimos cinco años y que hayan registrado ingresos iguales o superiores a 10 millones de euros.
Confieso que al leer estos criterios experimenté una mezcla de sensaciones. Por un lado, no puedo sino celebrar que la Autoridad Portuaria reconozca el valor de los buenos operadores portuarios y eleve el nivel de exigencia en estos procesos. Si esto contribuye a evitar que los puertos se conviertan en un campo de juego para oportunistas o fondos buitre en busca de rentabilidad rápida, bienvenido sea. Sin embargo, también me asaltan dudas sobre si esta medida, en su afán de garantizar la excelencia, no habrá terminado por pecar de exceso.
No hay duda de que exigir experiencia es un paso en la dirección correcta. Pero, ¿es necesario un listón tan específico y elevado? En nuestro entorno, las empresas que cumplen con estos requisitos se pueden contar con los dedos de una mano. Y, aunque esas cifras puedan ser indicativas de solidez, estoy convencida de que hay muchos empresarios solventes y perfectamente capacitados para gestionar una marina como la de Botafoch que no alcanzan esos umbrales. Me pregunto si la intención de proteger nuestras infraestructuras portuarias de malas prácticas no habrá llevado a la APB a desviar ligeramente el foco, excluyendo a operadores igualmente competentes.
Esta reflexión me lleva inevitablemente a otro punto clave: la necesidad de aplicar ese mismo rigor a otros ámbitos portuarios. Si exigimos excelencia en la gestión de amarres, ¿no deberíamos hacer lo propio con los clubes náuticos? Tanto la Autoridad Portuaria como Ports IB deberían mostrar un celo similar al licitar estas concesiones, reclamando a los aspirantes experiencia probada en organización de regatas, número de licencias federativas y la gestión de equipos deportivos de vela y piragüismo. Sería lamentable que se repitieran casos como el de Ibiza, donde una empresa sin experiencia en este ámbito se hizo con la concesión de un club con más de un siglo de historia.
Botafoch marca un precedente. Y aunque este concurso, así como el inminente de La Savina, se centre en amarres y marinas, sienta unas reglas de juego que, llegado el momento, habrá que aplicar también al ámbito deportivo. La experiencia debe ser una exigencia para todos, sin excepciones. Y desde aquí nos comprometemos a recordar a las instituciones responsables esta obligación, así como a informar puntualmente a nuestros lectores sobre cualquier desviación de este principio.
En definitiva, celebro el paso adelante de la APB en el caso de Botafoch, pero insisto en la necesidad de calibrar las exigencias para que sean justas y proporcionadas. Al mismo tiempo, invito a reflexionar sobre la aplicación de estos mismos criterios a los clubes náuticos, cuya gestión merece un reconocimiento y una protección especial.
