La empresa Servicios Portuarios Botafoch SL ha interpuesto un recurso ante la Secretaría para la Unidad de Mercado contra el concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para la gestión y explotación de los amarres, la estación de suministro de combustible, el varadero y los locales comerciales del puerto de Botafoc, en Ibiza. El recurso ha sido presentado por el abogado Francisco Javier Jiménez de Cisneros, quien argumenta que las bases del concurso imponen restricciones que limitan la competencia y favorecen a grandes operadores en perjuicio de otras empresas con capacidad para gestionar la concesión.
El elevado nivel de exigencias de este concurso fue revelado en exclusiva por Gaceta Náutica, que ya había advertido que los criterios establecidos por la APB restringían la concurrencia a un número muy reducido de empresas. Entre las condiciones impuestas, el recurso destaca la prohibición de concurrir en Unión Temporal de Empresas (UTE), la exigencia de un patrimonio neto mínimo de 5 millones de euros y la obligación de haber gestionado previamente una instalación con al menos 350 amarres, requisitos que se consideran arbitrarios y desproporcionados en comparación con otros concursos similares.
Un demandante habitual de la APB
Jiménez de Cisneros es conocido por haber demandado numerosas adjudicaciones y concursos de la APB. Fue precisamente él quien llevó a la Fiscalía Anticorrupción el llamado caso Puertos, que ha desembocado en la imputación del ex presidente de la APB, Juan Gual de Torrella, y de una abogada del Estado, entre otros cargos públicos y empresarios.
Su relación con la APB también incluye su papel en la etapa de Ángel Matías al frente del organismo. Durante su mandato, Jiménez de Cisneros realizó informes externos para la APB, incluyendo uno contra la prórroga del Club Náutico de Ibiza. Posteriormente, el abogado actuó como avalista de la empresa Club Básico 12 Millas, que concurrió a la gestión de esta instalación.
Además, el abogado ha representado al empresario Ángel Bustos en su conflicto con la APB por la concesión de Marina Formentera. Bustos se negó a abandonar la explotación del puerto durante cinco meses tras la expiración de su concesión, lo que llevó a la APB a denunciar el caso ante la Fiscalía de Baleares, que ha abierto diligencias.
