Por Bartomeu Bestard

Ha transcurrido poco más de un mes desde que conocimos la sentencia del caso Calanova, que ha terminado absolviendo a todos los acusados en ese procedimiento penal. En un artículo anterior publicado en este mismo medio, me referí a la complejidad jurídica que, en mi opinión, rodeaba la adjudicación de ese puerto de titularidad autonómica. Escribí entonces, y lo mantengo, que cabía una interpretación distinta por parte de la mesa de contratación de los pliegos de condiciones que regían para aquel concurso. Esta discrepancia es legítima, y por eso existe la posibilidad de interponer recursos ante la Administración si alguna de las partes se siente perjudicada. Si estos recursos se desestiman, se abre la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

Dicho esto, tengo muy claro que el caso Calanova jamás debería haber alcanzado la jurisdicción penal. ¿Y por qué lo pienso? Por una circunstancia muy fácil de constatar acudiendo a la hemeroteca. En los últimos años, hemos visto cómo la vía judicial penal se utiliza como herramienta coactiva para tratar de doblegar voluntades cuando algunos  no logran sus objetivos por otros medios. Por desgracia, conocemos demasiados ejemplos de este abuso. El más reciente ha sido el caso Calanova, con un largo proceso penal que ha tenido efectos devastadores sobre los denunciados, ahora declarados inocentes. Hay otros casos cerrados con los acusados absueltos de todos los cargos, y también otros abiertos, en fase de instrucción, que apuntan hacia el mismo final.

El exceso de litigiosidad pueda llegar a poner en peligro el principio de seguridad jurídica. Llevo mucho tiempo advirtiendo sobre la extrema judicialización que vivimos en el ámbito del dominio público portuario, especialmente en lo que respecta a las concesiones de instalaciones náuticas. Esta práctica, llevada hasta sus últimas consecuencias, desemboca en un uso abusivo e intimidante de la jurisdicción penal. Les aseguro que sé de lo que hablo. Yo mismo, en el ámbito de mi actividad empresarial, he sufrido denuncias coactivas, o amenazas de denuncias, si no accedía a las pretensiones del amenazante.

Lo que intento explicar es que debemos buscar soluciones para que una loable intención, como es un sistema judicial extremadamente garantista, no se convierta en un instrumento para coaccionar y amedrentar en manos de personas con escasos  escrúpulos. Deberíamos encontrar la fórmula para invertir el curso de los acontecimientos que hemos visto en casos como el de Calanova, esforzándonos en la protección del principio de presunción de inocencia, de modo que no resulte un camino tan fácil, y sin consecuencias, el de aquellos que deciden acudir a la jurisdicción penal para resolver asuntos estrictamente administrativos o civiles.

Lo hemos comprobado en otros casos. La "pena de telediario" se ha convertido en un instrumento coactivo que produce daños irreparables. La necesidad de proteger a las personas y sus derechos fundamentales debe estar garantizada. En mi opinión, a la vista de esta sentencia y de otras anteriores, se evidencia que la vía penal se está utilizando para intentar doblegar voluntades, o ajusticiar, que es algo muy distinto a impartir justicia.

No hace falta ser un jurista de prestigio para entender que la vía penal es, y debe ser, la última ratio del Derecho, y no la vía para resolver por las bravas una causa civil o contenciosa. En demasiadas ocasiones, lo que realmente subyace detrás de estas denuncias son simples intereses personales o empresariales, que pueden ser legítimos, claro, pero que deben dirimirse en otras instancias judiciales. Algunos deberían reconsiderar esta práctica procesal de utilizar la denuncia penal para influir en los procesos civiles y contencioso-administrativos.

Es una realidad lamentable, y que merece una reflexión profunda, que casi todo lo referido a concursos, ampliaciones de plazo o prórrogas en dominio público relacionadas con instalaciones náuticas, termine judicializado. Deberíamos parar, recapacitar, y cambiar lo que sea necesario porque la situación se está volviendo realmente insoportable, tanto para los responsables de la Administración como para las empresas. Lo peor de todo es que por el camino quedan personas que han sufrido una calvario, a todas luces injusto y de difícil reparación.