En los últimos tiempos, las noticias más destacadas de Gaceta Náutica han girado en torno a los puertos, ya sea por la conflictividad en los concursos o por el impacto de su gestión en sectores clave para Baleares, como el chárter y el deporte náutico. En el último mes, la actualidad portuaria ha sido imposible de ignorar: la adjudicación del puerto de Andratx al Grupo IPM bajo condiciones que amenazan la continuidad de un club náutico ejemplar en su labor social y deportiva; la impugnación de las bases del concurso del puerto de Botafoc; las ofertas desorbitadas para la explotación de 70 amarres en el puerto de Palma; la renuncia del Club Náutico Portitxol a gestionar directamente su concesión para optar a una prórroga de 14 años; y la confirmación de que Ports IB licitará, tarde o temprano, los amarres de lista 6 en los puertos de su competencia.

Todo ello refleja que la presión sobre las instalaciones náuticas de Baleares no tiene comparación con ninguna otra región española y, por tanto, exige una regulación específica. La vieja aspiración de transferir a la comunidad autónoma las competencias en náutica de los puertos estatales, tal como prevé el Estatuto de Baleares, se ha convertido en una necesidad imperiosa. 

El Gobierno central y el Govern balear no pueden seguir actuando de forma independiente, sin un criterio común que aborde cuestiones esenciales como el acceso al mar de los residentes o el imparable proceso de gentrificación de los puertos dependientes del Ministerio de Transportes.

La oferta de 2,2 millones de euros por 70 amarres en Palma por parte de una multinacional, sumada a las advertencias sobre la fuga de embarcaciones a otros destinos, debería encender todas las alarmas. Los gestores públicos tienen la responsabilidad de adelantarse a los acontecimientos cuando las señales son tan evidentes. Si una propuesta supera en un 530% el mínimo fijado por la administración, tal y como ha ocurrido en el pantalán de la Cuarentena, o existen serias dudas sobre la viabilidad de ciertas inversiones, es que algo falla y urge corregirlo.

Una cosa es que el mercado imponga sus reglas y genere burbujas, como ocurre en el sector inmobiliario, donde los gobiernos han demostrado ser incapaces de contenerlas, y otra muy distinta es que esa tendencia se vea incentivada por las propias administraciones a través de concursos para la explotación de bienes públicos cuyo único objetivo parece ser engordar la recaudación del organismo que los gestiona, sin valorar la sostenibilidad económica, el riesgo de colapso del destino o la obligación de generar un retorno social. 

Los puertos no pueden convertirse en simples instrumentos de especulación. Si los responsables políticos no reaccionan a tiempo, Baleares perderá no solo competitividad, sino también su propia identidad náutica.

Más allá de la falta de coordinación entre administraciones que operan en un mismo territorio, el problema de fondo es la ausencia de un plan a largo plazo sobre qué se quiere hacer con los puertos de Baleares y todo lo que de ellos se deriva. No basta con gestionar concesiones como si fueran una fuente de ingresos: hace falta un modelo claro que defina qué papel deben desempeñar los puertos en la economía y la sociedad balear en las próximas décadas. Esto implica decidir si se prioriza el equilibrio entre la actividad náutica, el acceso ciudadano al mar y la sostenibilidad, o si se acepta que las infraestructuras portuarias se conviertan en enclaves inaccesibles y sujetos a las actuales dinámicas de especulación. El tiempo para corregirlo se agota.