Las alegaciones de la Asociación de PYMES de Actividades Náuticas de las Islas Baleares (APANIB) al borrador del decreto del chárter suponen una enmienda total a los puntos más controvertidos de esta nueva norma con la que el Gobierno de Baleares pretende regular la actividad del alquiler de embarcaciones en el archipiélago.
En un escrito registrado el pasado 7 de marzo, último día de exposición pública del proyecto de decreto, APANIB advierte de que el borrador presentado podría vulnerar el derecho comunitario al introducir trabas a la libre competencia en la actividad del chárter náutico (Lista 6ª) y rechaza de plano la prohibición de alquilar las embarcaciones por plazas individuales o mediante la venta de tickets, al entender que esta medida excluiría, en caso de ser aprobada, a determinados operadores de este mercado.
A juicio de esta asociación de pequeñas empresas y autónomos, la venta de boletos no convierte la actividad en transporte de pasajeros. “Esta restricción -señala- podría responder a intereses de ciertos sectores del sector náutico distintos de la Lista 6ª con el fin de excluir a los operadores económicos que explotan estas embarcaciones de un mercado relevante”.
APANIB también se opone a la obligatoriedad de contar con un amarre fijo en Baleares y aduce para ello que muchas empresas utilizan rampas y varaderos. Como solución, propone la habilitación de puntos de embarque y desembarque regulados por la administración. “El requisito de contar con un amarre no se ajusta a la operativa real del sector del alquiler de embarcaciones de recreo”, señalan las alegaciones, que añaden: “La escasez de amarres en los puertos de las Islas Baleares es un problema estructural que limita el acceso de las empresas a las infraestructuras necesarias para desarrollar su actividad”.
Por otro lado, APANIB rechaza la renovación anual de la declaración responsable que permite ejercer el chárter, argumentando que genera burocracia e inseguridad jurídica: “Reducir la validez de la declaración responsable a un año desincentiva la inversión, ya que introduce una incertidumbre administrativa incompatible con la planificación y viabilidad del negocio”.
En cuanto al régimen sancionador, la asociación de pymes náuticas solicita, con carácter general, que la administración no multe a las empresas cuando el incumplimiento de los requisitos sea consecuencia de la falta de instalaciones públicas adecuadas, en referencia a la polémica obligación de contar con amarre o punto de embarque y desembarque autorizado. “Sancionar a estas empresas por situaciones derivadas de carencias en las infraestructuras públicas vulneraría los principios [de legalidad, tipicidad y proporcionalidad], ya que no se estaría penalizando una conducta antijurídica dolosa o negligente, sino una situación ajena a su control”, concluye.
