Una vez más, somos víctimas de nosotros mismos, y ahora nuestras lágrimas de cocodrilo dan lástima por ser un cliché fácil, poco creíble y mal utilizado. Lo mismo ocurrió con las ventas inmobiliarias a extranjeros: ni se supo ver a tiempo ni convenía hacerlo porque el aumento de precios hacía muy felices a los propietarios, que veían encantados cómo su patrimonio aumentaba mes a mes sin necesidad de hacer nada al respecto. Ahora, los mallorquines no pueden pagar los precios de alquiler.

Culpamos a la Autoridad Portuaria por su afán recaudador, que, si bien siempre fue muy alto, se cebó con la náutica balear desde que a mediados de los 90 se dio cuenta de lo que esta actividad aportaba a sus arcas y de su potencial económico. Las bases para las licitaciones de puertos deportivos incluyen desde hace al menos 25 años una condición sobre los precios máximos y mínimos a cobrar a los amarristas. El precio máximo, generalmente, era un 50 % más alto que el precio de mercado, lo que justificaba las elevadas cantidades a pagar anualmente a la APB.

Una vez le pregunté al director (en ese momento, Ángel Matías) de dónde sacaban esos precios desorbitados, y me contestó con un seco: "Me lo han dicho". Posiblemente le habrían pasado tan importante dato durante la misa de domingo.

Estas prácticas eran y siguen siendo legales, ya que se ajustaban a la Ley de Puertos y la Ley de Concesiones del Estado. Sin embargo, los concesionarios, habituados a solicitar algún trato de favor para poder ir tirando, a veces tenían que subir los precios de los amarres por encima de lo especificado en las condiciones de la concesión. Ese era uno de los tratos de favor, verbal, hacer la vista gorda. A la administración del Estado siempre le ha gustado que le deban favores, porque es una forma de poder. Nada ha cambiado en ese sentido. Por supuesto, me refiero a la parte humana de la administración: ni los ordenadores ni los papeles piensan ni distinguen el bien del mal.

Nuevamente insisto: esto no fue ni es una práctica generalizada, pero existió, y algunos flecos quedan, por ambas partes. La interpretación de las leyes siempre ha jugado un papel muy importante en la adjudicación de las concesiones. Recuerdo un jefe de explotación que vivía con el librito de la Ley de Puertos del Estado en la mano. No sabía aceptar ni una silla de oficina sin consultarlo; solo le faltaba rezar con él varias veces al día, una especie de salat portuario.

Las barbaridades cometidas interpretando la ley a conveniencia fueron y son de dominio público (Mar Blau, entre otros). Y como ni hemos sacado el morro para aprender de otros ni nos ha importado lo que pasa más allá de nuestras costas, aparece D-Marin, una empresa extranjera, eficiente y modélica (no todas lo son), que ofrece un pastón como canon, y la náutica balear llora lágrimas de sangre.

Para validar ese canon —por el que deberán dejar una garantía bancaria—, el estudio económico-financiero presentado, obligatorio y parte de la calificación que definirá al futuro ganador, debe ser aprobado por… sí, sí, por la Autoridad Portuaria, que habrá comprobado fehacientemente que lo ofrecido, las garantías, los gastos de personal, la mejora técnica de la marina, los costes de agua y energía y la ganancia comercial estarán perfectamente cubiertos por los precios de los amarres. Que estos reflejan la realidad (¿de quién?) y la ocupación anual. Magia y misterio avalados por una empresa del Estado.

Y, sin embargo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y ahí estamos, pertenecientes a la ONCE en la que nos refugiamos cuando conviene.

Al principio de la UE, se estableció una regla por la cual nada podía subir más de un 10 % anual. Toda Europa se lo ha pasado por el forro impunemente. Y si no, fíjense en los precios de los amarres en la nueva concesión del Club Náutico de Ibiza.

Pero, ¿son tontos los de D-Marin? ¿Creen en los peces de colores? No.

Las empresas cuyo objetivo es cotizar en bolsa y ser adquiridas por un fondo de inversión necesitan crecer para lograrlo. El crecimiento en sí es más importante que el resultado de ese crecimiento. Así, IGY, con unas 15 marinas muy bien gestionadas en EEUU y Europa, fue vendida por 480 millones, cuando el valor unitario de cada marina quizás sumaba 100 millones. El volumen reduce el riesgo general. Safe Harbour se vendió hace un mes por 5.600 millones: algo más de 100 marinas cuyo valor unitario quizá no pasaba de 1.000 millones. Magia capitalista. D-Marin ya pasó por el primer paso y fue adquirida por un fondo de inversión británico. Ahora necesita crecer para valorarse. Palma le da lugar, fama, nombre, destino.