El Gobierno central recurrirá el decreto del chárter náutico del Govern balear si finalmente prohíbe el traspaso del uso privado a comercial de embarcaciones inscritas en la lista 7ª. Así lo ha confirmado a Gaceta Náutica el subdirector general de Normativa Marítima y Cooperación Internacional del Ministerio de Transportes, Julio Carlos Fuentes, en el marco del 12º Congreso Náutico de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), cuya última jornada se celebra hoy en Málaga.
Fuentes ha participado en una mesa redonda titulada Legislación náutica en España versus Unión Europea. Armonización y Convergencia, junto a Carlos Sanlorenzo, asesor jurídico de ANEN; el abogado Jaime Albors; y Ana Núñez, subdirectora general de Seguridad, Contaminación e Inspección Marítima. Durante su intervención, Fuentes ha subrayado la importancia de evitar choques competenciales entre la Marina Mercante y las comunidades autónomas, apostando por una "uniformidad legal que huya de particularismos que generan desconcierto".
El alto cargo del Ministerio de Transportes ha expresado su preocupación por las crecientes restricciones en las normativas autonómicas, como la prohibición del fondeo en ciertas zonas, a pesar de estar permitido con carácter general por la ley estatal. Además, ha advertido que la descentralización de competencias en transporte marítimo "no implica que la comunidad autónoma pueda incidir sobre el régimen de despacho, la inspección o las titulaciones". En este sentido, ha calificado de "barbaridad" la pretensión de algunas autonomías de arrogarse competencias sobre el mar territorial, en lo que parecía una referencia implícita a Baleares.sector.
El conflicto competencial surge del rechazo del Govern balear a la propuesta estatal de permitir el alquiler de embarcaciones privadas de lista 7ª bajo ciertas condiciones. El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, trasladó esta oposición al director general de la Marina Mercante, Gustavo Santana, en una reunión celebrada en Madrid, a la que también asistieron el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga.
Lafuente argumentó que esta medida podría generar un aumento incontrolado de la actividad náutica en el archipiélago, con el consiguiente riesgo de saturación del litoral y dificultades en la gestión del tráfico marítimo en temporada alta. Además, el Govern considera que esta práctica podría suponer una competencia desleal para las empresas del sector que cumplen con todos los requisitos administrativos, fiscales y de seguridad exigidos.
Dentro de sus competencias, el ejecutivo autonómico ha decidido modificar el Decreto de Chárter Náutico de Baleares, en fase de consulta pública hasta el pasado 7 de marzo. Según el Govern, la nueva regulación busca actualizar la normativa para garantizar la seguridad en la navegación sin perjudicar la viabilidad del
