El presidente de Baleària, Adolfo Utor, advirtió ayer que las normativas de control de afluencia de vehículos a las islas anunciadas por el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, “constituyen un ataque directo al transporte marítimo, un sector esencial para el suministro de mercancías y la movilidad de los residentes”.

“Si alguien cree que con esta medida solucionará la congestión vial, se equivoca y, además, ignora los daños colaterales que ocasionará a la sociedad y la economía insular”, señaló Utor durante su participación en la mesa redonda La gestión de la movilidad sostenible, organizada en Madrid por Exceltur dentro de la jornada Solytur.

En el panel intervinieron también Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa; Javier Díaz-Laviada, General Manager de Hertz España; y Toni Pérez, alcalde de Benidorm.

El Govern balear anunció la posible creación de un "impuesto turístico" a los vehículos como medio para combatir la saturación de las Islas en temporada alta. En el caso de que el gravamen fuese aprobado en los términos en que ha sido plateado, las compañías navieras serían las encargadas de su recaudación. 

Utor racalcó su apoyo a “medidas que favorezcan la desmasificación y equilibren los intereses de residentes y visitantes”, pero a renglón dejo claro que las restricciones propuestas “son más estéticas que eficaces, no solucionan el problema y, en cambio, perjudican la red de transporte marítimo de Baleares”. En este sentido, advirtió que, a corto plazo, estas medidas podrían suponer “que los residentes no dispongan de barcos para desplazarse con su coche o que las empresas logísticas vean reducida la oferta de transporte”.

Como ejemplo, Utor citó datos datos del verano pasado en Mallorca, donde el saldo total de vehículos transportados por todas las navieras alcanzó su pico el 9 de agosto con 6.478 unidades, mientras que la media diaria en temporada alta fue de 2.022 vehículos. Esto representa apenas un 0,2% del parque móvil de la isla. “Por tanto, la llegada de coches en barco no puede ser la causa de la saturación percibida”, afirmó.

Ante una normativa que “traslada toda la responsabilidad y el impacto económico al transporte marítimo”, Utor explicó que Baleària ha presentado alegaciones a la norma que tramita el Consell d’Eivissa y ha solicitado su suspensión provisional para consensuar medidas con todas las partes implicadas. “Las navieras queremos ser parte de la solución”, ha asegurado.