La Comisión de Líneas Regulares de Pasaje de ANAVE se ha reunido esta semana con la participación de las compañías marítimas Baleària, Trasmed, GNV y Armas-Trasmediterránea. En la reunión, acordaron reclamar unánimemente la derogación de la Ley de control de afluencia de vehículos aprobada por el Parlament balear. Las navieras advierten de que si no se deja sin efecto la Ley para el transporte marítimo, los sectores que utilizan sus servicios se verán gravemente afectados sin que mejore la saturación del tráfico rodado en Eivissa

ANAVE considera que la Ley, que está a escasas semanas de tener efectos prácticos, carece del despliegue necesario en un momento del año en el que los visitantes de Eivissa ya tienen planificados sus desplazamientos y, de no derogarse, estos turistas se verán inmersos en una maraña burocrática, además de gravosa, de evidentes efectos disuasorios. Las empresas de transporte apunta que solo desde la derogación se podrá hacer el ‘reset’ necesario para el establecimiento de medidas efectivas y positivas para lograr el efecto pretendido, sin crear daños colaterales nefastos.
 
Las navieras comparten la necesidad de reducir la saturación vial en Eivissa, y por extensión en el resto de las islas, pero abogan por "medidas racionales basadas en hechos y datos, no en la falsa premisa de que el tráfico marítimo es el principal causante. Y ello porque los buques desembarcan y embarcan automóviles, siendo la incidencia sobre el tráfico rodado de Eivissa prácticamente inocua en una isla en la que hay más vehículos que residentes". El saldo medio (desembarcados menos embarcados) de vehículos de los pasajeros llegados a bordo de buques a Eivissa en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2024 representa solo un 1,5% del total del parque móvil de la isla, que es superior a los 172.000 vehículos (más de un vehículo por habitante).

El sector naviero afirma que, gracias a las fuertes inversiones y apuestas tecnológicas innovadoras, ha conseguido que turistas, pero especialmente residentes, disfruten de unas comunicaciones marítimas que nada tienen que ver con las de hace tan solo unos años. Y ello, de forma conjugada con la oferta dirigida al sector logístico. Las navieras creen que la precipitación y la ausencia de un análisis riguroso pueden provocar un retroceso de décadas en las comunicaciones marítimas, con efectos letales para el sector logístico y la movilidad de los residentes. Dicho de otro modo: aislar la isla, lo que acarrea igualmente consecuencias nefastas para las relaciones sociales y culturales –además de las comerciales y la cohesión social–, hoy favorecidas por una oferta de transporte marítimo que da respuesta a las expectativas de la población.

Las empresas estiman que un menor número de turistas con vehículo se va a traducir, por mera viabilidad económica, en supresión de frecuencias y tal vez también de rutas. Y el barco, un medio de transporte de futuro por su compatibilidad con la reducción de emisiones, se vería castigado en favor del avión al perder uno de sus principales activos, como es el transporte de los vehículos de los pasajeros. Además, albergan serias dudas sobre la legalidad constitucional de la norma. "La Ley pretende que un residente peninsular, o de las Islas vecinas, solo pueda viajar a Eivissa con su coche solicitándolo previamente, y si además entra en un cupo, lo que provoca , máxime cuando se contemplan excepciones como la de tener una propiedad (que no ser residente) en la isla.