La náutica en Baleares y en España se enfrenta a un proceso imparable de gentrificación portuaria que está expulsando a los residentes y a las economías medias de su propio mar. Los clubes náuticos, que han desempeñado un papel fundamental en la formación de generaciones de navegantes y en la promoción del deporte, están contra las cuerdas, al igual que las marinas tradicionales. Es urgente cambiar la Ley de Puertos del Estado para que, de una vez por todas, se reconozca el fondo de comercio de los concesionarios actuales y se garantice la continuidad de los clubes que realmente cumplen una función social.
No es razonable que empresas instrumentales, muchas sin experiencia previa en el sector, tomen el control de los puertos, heredando clientela y activos sin pagar por ello, gracias a la presentación de ofertas con cánones desorbitados en los concursos públicos. Eso es como equiparar la adquisición de un local vacío con un traspaso, ignorando el valor añadido del negocio.
El cambio en la ley también debe incluir un reconocimiento claro y sin ambages de la labor social y deportiva de los clubes náuticos. Estas entidades pioneras han contribuido al desarrollo de la industria náutica y, sin embargo, al término de sus concesiones se encuentran en una situación crítica, sin capacidad de competir en igualdad de condiciones con los fondos de inversión que han puesto su mirada en los puertos y que pretenden montar negocio sobre espacios tradicionalmente destinados al deporte y la actividad social. Lo ocurrido con el Club Marítimo Molinar de Levante y el Club Náutico de Ibiza es una advertencia que no se puede ignorar.
No es momento de parches ni de ambigüedades. La ley debe ser clara y sencilla, reconociendo, por un lado, el fondo de comercio en los concursos de los puertos deportivos y, por otro, asegurando el interés público de los clubes náuticos de cara a ampliar sus plazos concesionales.
Para cambiar una ley es necesario un grupo de presión con capacidad de generar inquietud en la clase política. Es el único estímulo al que responden nuestras élites dirigentes. Por desgracia, ese grupo no existe ni en Baleares ni en el conjunto de la náutica española, un sector social y empresarial numeroso, con enorme potencial de influencia, pero que, paradójicamente, es uno de los más atomizados del país. Los políticos ni siquiera han necesitado recurrir al "divide y vencerás"; la náutica se ha dividido por sí sola en infinitas e irrelevantes facciones.
Un ejemplo de cómo un sector puede ejercer su influencia lo encontramos en la reciente Ley de Bienestar Animal. En su versión inicial, la norma era altamente restrictiva, pero en el texto final quedaron fuera de su regulación los perros de caza. ¿Acaso estos animales no merecen los mismos derechos que cualquier otro perro doméstico? La razón de esta excepción es simple: en España hay alrededor de 750.000 licencias de caza. No hace falta preguntar más. Los cazadores han sabido articular un lobby fuerte y eficaz, capaz de modificar los términos de una ley con sólo enseñar la patita, nunca mejor dicho.
Mientras tanto, cada intento de cambiar una simple disposición de la Ley de Puertos se enfrenta a una interminable retahíla de excusas: "hay que tener cuidado con las directivas europeas", "esto es muy complicado", "debemos garantizar la libre concurrencia"… La realidad, frente a este discurso, es que los tribunales europeos nunca han fallado contra España en esta materia y que apropiarse del negocio que otro ha construido, como pretenden algunos jugadores de ventaja, no es libre competencia, sino todo lo contrario. Pero lo más relevante: si el Gobierno español ha modificado el Código Penal para eliminar el delito de malversación y ha aprobado una Ley de Amnistía por conveniencia política, a cambio de siete míseros votos en manos de una pandilla de nacionalistas iluminados, ¿con qué cara nos pide que renunciemos a una reforma justa y legítima de la Ley de para conservar los clubes náuticos y las marinas tradicionales? Como si la Ley de Puertos fuera inmutable y descendiera directamente del Monte Sinaí.
En España hay 134.000 amarres, muchos de los cuales están gestionados por asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. Se estima que los socios de estas entidades, aunque no todos sean armadores, podrían rondar los 200.000. Esta cifra está lejos de ser la de los cazadores federados, pero es más que suficiente para formar un lobby influyente, para meter miedo. El problema es que, a diferencia de otros colectivos mejor organizados, no existe una licencia unificada de usuarios de puertos deportivos ni un listado que permita, con solo pulsar un botón, movilizar a los afectados en caso de una necesidad imperiosa como la actual, cuando el Gobierno no se aviene a modificar la Ley de Puertos en unos términos razonables, poniendo en peligro la supervivencia de entidades de indudable interés público.
Llevo años asistiendo a simposios y congresos sobre puertos y he decidido no perder más tiempo en reuniones donde se enumeran problemas pero nunca se proponen soluciones. Es el mismo discurso de siempre: ingenieros de puertos, abogados del Estado y funcionarios explicando lo difícil que es cambiar la ley vigente, como si no lo hubiéramos escuchado cientos de veces y se tratara, ya digo, de emborronar las mismísimas Tablas de Moisés.
La náutica está desunida y, mientras siga así, no tiene ninguna posibilidad de influir en el rumbo de los acontecimientos. A veces por pereza, otras por egoísmo, y las demás por una preocupante falta de visión estratégica. A los representantes del sector náutico les digo: cread una gran base de datos bajo una licencia común de amarristas y socios. Poned sobre la mesa propuestas de unidad inspiradas en otros sectores. Olvidaos de las luchas internas que no llevan a ninguna parte y, sobre todo, haced lobby.
Es la única manera de que conservéis vuestras empresas y vuestros usuarios puedan seguir disfrutando del mar.
