Un grupo de amarristas del puerto de Maó ha expresado su preocupación ante la decisión de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de privatizar la gestión de varios puestos de atraque que hasta ahora eran de gestión directa. Los amarres afectados están ubicados en el Muelle de Poniente, frente a la lonja de pescadores.

A finales del año pasado, la APB convocó un concurso para la explotación, en régimen de concesión administrativa, de estos amarres, que desde 2018 han sido gestionados por la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (ASMEN) bajo la denominación Amarres Poniente SL.

La nueva licitación comprende 17.578 metros cuadrados de espejo de agua, incluyendo los pantalanes 2 y 3, con capacidad para algo más de medio centenar de embarcaciones, hasta ahora bajo gestión directa del ente portuario.

Esta medida ha generado inquietud entre los usuarios, que denuncian la falta de información y temen por el futuro de sus amarres. Antoni Barber Orfila, presidente de la Asociación de Usuarios de Amarres de Gestión Directa del Puerto de Maó, advierte de que “la posible subida de precios podría afectar la economía de los usuarios y la competitividad del puerto”.

El concurso, aún pendiente de adjudicación, también suscita dudas sobre la estabilidad del futuro concesionario. A diferencia de los amarres de gestión directa, cuyos derechos no tienen fecha de caducidad y pueden, en determinadas condiciones, ser heredados, los gestionados por concesión están sujetos a un plazo limitado: en este caso, un máximo de 20 años.

En un comunicado remitido a los medios, Barber Orfila subraya que “como ciudadanos y usuarios del puerto, creemos que es fundamental que se nos mantenga informados sobre las decisiones que afectan a nuestro puerto y nuestra comunidad”.

No es la primera vez que la APB se enfrenta a una situación similar. En el puerto de Palma, el intento de privatizar la gestión de la dársena del Portitxol por parte del pequeño club náutico local provocó una fuerte oposición vecinal. Entonces, el presidente del ente portuario, Javier Sanz, se reunió con los representantes de la Plataforma de Amarre Social del puerto de Palma para asegurarles que sus condiciones no se verían perjudicadas.