Las patronales náuticas integradas en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han mostrado su rechazo al anuncio del Ministerio de Transportes, cuyo titular es Óscar Puente, de permitir el alquiler de embarcaciones de recreo privadas durante un máximo de tres meses al año.

La medida, que el Gobierno central prevé implantar el próximo 15 de agosto sin esperar a la aprobación del decreto autonómico en trámite para regular esta actividad, ha despertado la “más profunda preocupación” entre las asociaciones ANADE (Asociación de Instalaciones Náuticas Deportivas), APEAM (Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas), AENIB (Asociación de Empresas Náuticas de Baleares) y AECIB (Asociación de Empresas de Chárter de las Islas Baleares).

Las entidades advierten de que la normalización de la figura de la llamada “Lista 7ª de uso comercial” (hasta ahora reservada a embarcaciones de uso privado) generaría “descontrol, inseguridad y competencia desleal” en el sector náutico de las islas, y socicitan a la APB que interceda ante el Estado. 

Las patronales insisten en la necesidad de aprobar cuanto antes el decreto autonómico sobre chárter que prepara el Govern balear, al considerar que su entrada en vigor contribuiría a reducir el intrusismo y mejorar la gestión de un sector que ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años.

Las asociaciones piden expresamente que Baleares quede excluida de cualquier normativa de ámbito estatal que avale o fomente esta práctica, advirtiendo de que podría tener “efectos devastadores” para el archipiélago.

APEAM, AENIB y AECIB reivindican un modelo balear basado en el refuerzo de la seguridad, la regulación ordenada del crecimiento del sector, la sostenibilidad medioambiental, la protección de la capacidad de carga de las islas y la lucha contra la competencia desleal. También alertan de las consecuencias que este tipo de medidas puede tener sobre la calidad de vida en las zonas costeras durante la temporada alta.