No cabe duda de que las instalaciones náuticas, la mayoría de clubs y algunas marinas, vienen desarrollando actividades deportivas enfocadas a la ciudadanía. Esto es un paso importante para lograr dos objetivos: acercar el mar como espacio de formación y ocio activo, y ayudar a diluir el mantra de la náutica como ámbito elitista.
Uno de los países que más intensamente vive el mar es nuestro vecino Francia. Las razones pueden encontrarse en factores históricos, culturales, políticos y en un modelo de gestión pública que apuesta por la náutica social, integrada allí desde hace décadas como parte de una oferta accesible y subvencionada: escuelas de vela municipales, clubs apoyados con fondos públicos y programas escolares náuticos. Un ejemplo es Les Glénans, una de las escuelas de vela más grandes de Europa, organizada como cooperativa y que combina formación técnica con valores sociales y ambientales. O las écoles de voile municipales, presentes en cientos de localidades costeras, gestionadas por federaciones y ayuntamientos.
En nuestro país, en cambio, las políticas públicas han prestado menos atención a la náutica como derecho deportivo o educativo, y más a su vertiente económica. Por eso, iniciativas como la Setmana Blava del Govern suponen un primer paso, impulsado por la administración y no por el sector, que lleva décadas trabajando en esta línea. Democratizar el acceso al mar, especialmente en un archipiélago como el nuestro, debiera ser un objetivo prioritario. Bienvenida sea la iniciativa, y ojalá no sea una meta, sino un punto de partida.
Los datos ayudan a entender esta diferencia de modelos. La Federación Francesa de Vela (FF Voile) cuenta con 270.000 licencias federativas, 1.083 instalaciones vinculadas y un presupuesto de 115 millones de euros. En cambio, la Real Federación Española de Vela (RFEV) tiene 18.543 licencias, 146 instalaciones y un presupuesto de 7 millones. La diferencia es abismal. No se trata de criticar, sino de visualizar el contraste entre ambos escenarios. Pero más allá de los números, hay un concepto clave: en Francia, los deportes de mar se consideran un derecho de acceso al medio natural, al nivel de pasear por el campo o practicar deporte en un polideportivo. Aquí, sin embargo, seguimos anclados en una visión temerosa y excluyente del medio marino. Invertimos dinero público en conservar el territorio terrestre, pero si se trata del mar, todo debe pagarlo el ciudadano que lo utiliza.
La gentrificación de la náutica balear ya es una realidad. Y si hablamos de las dos principales instituciones de la comunidad, hay ejemplos elocuentes. El 60% de los ingresos de la Autoridad Portuaria de Baleares proviene de la náutica de recreo, a pesar de que también perciben ingresos por cruceros, ferris o concesiones comerciales. Este dinero se destina a infraestructuras portuarias, a bonificar el transporte marítimo y a compensar la insularidad, lo que significa que la náutica de recreo ayuda a sufragar parte de las subvenciones que permiten que los productos lleguen a los supermercados. En PortsIB, hace unos ejercicios se transfirieron 10 millones al SFM, y anteriormente 5 millones al IBAVI. Frente a esto, Francia no extrae recursos de su náutica: la subvenciona.
Alcanzar un modelo similar no será fácil, pero quiero pensar que hoy tenemos los actores adecuados para iniciar una singladura hacia unas islas abiertas al mar, sin barreras, con un acceso verdaderamente democratizado. No se trata de empezar la casa por el tejado. Pero sí de saber si quien debe liderar el proyecto cree que vale la pena. Hace falta ambición y valentía. Cambiar el modelo no es una opción: es una esperanza. El futuro azul no se espera. Se construye.
